Un informe de la consultora MAP estima pérdidas fiscales por 2.300 millones de dólares en 2025 debido al contrabando, vinculado al auge del comercio electrónico. Diputados presentaron un proyecto para responsabilizar a las plataformas de venta online.
El crecimiento del comercio electrónico en Argentina se vincula con el avance del contrabando y la comercialización de productos que eluden controles de calidad, seguridad e importación, según un informe de la consultora MAP. La situación genera riesgos para los consumidores, afecta a la producción nacional y provoca pérdidas millonarias para el Estado.
De acuerdo con el relevamiento, el contrabando ocasionó durante 2025 una pérdida de ingresos fiscales estimada en 2.300 millones de dólares. La cifra representa alrededor del 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI) y surge principalmente por la evasión del pago de aranceles, IVA e impuestos internos.
El estudio señala que el perjuicio económico equivale a recursos suficientes para construir 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
Uno de los principales focos de esta preocupación está vinculado a la expansión de las plataformas de comercio electrónico, donde vendedores informales ofrecen productos que ingresan al país sin cumplir los requisitos legales ni las certificaciones obligatorias.
Muchos de estos artículos carecen de controles de calidad y seguridad. El empresario Dante Choi, titular de la firma Peabody, aseguró que gran parte de los electrodomésticos comercializados en plataformas digitales no cumplen con las normas IRAM. Como antecedente, recordó el incendio registrado en un despacho del Senado, presuntamente provocado por una pava eléctrica sin certificación de seguridad.
Ante este escenario, los diputados nacionales Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para establecer que las plataformas de venta online sean responsables solidarias por los productos comercializados por terceros. La iniciativa contempla controles sobre la identidad de los vendedores, la situación fiscal y la documentación de importación de la mercadería, además de sanciones económicas ante incumplimientos.
El informe también advierte sobre el impacto del comercio ilegal en distintos sectores productivos. Según datos citados por MAP, más de uno de cada tres teléfonos celulares vendidos durante 2025 no fue fabricado en el país ni ingresó mediante los canales legales de importación. En los rubros de indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza aproximadamente el 40%.
Además de la pérdida de recaudación, la consultora estimó que el fenómeno provocó la desaparición de alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos, especialmente en las industrias textil, del calzado y de neumáticos.
Finalmente, el relevamiento sostiene que el contrabando distorsiona los precios, desalienta inversiones, afecta la competitividad de las empresas que operan dentro de la ley y expone a los consumidores a productos sin garantías ni controles de calidad, generando consecuencias económicas y de seguridad que impactan tanto en el mercado como en la vida cotidiana.