La Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentó su Informe Ambiental 2026, que señala pérdida de bosques, sequía y reducción de fondos para el ambiente.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó su Informe Ambiental 2026, en el que alertó sobre un escenario de creciente degradación ecológica, pérdida de biodiversidad y desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a la protección ambiental en Argentina.
Según el documento, entre 2022 y 2024 el país perdió más de 550 mil hectáreas de bosque nativo, de las cuales un 13 por ciento fueron afectadas por incendios forestales. La degradación de ecosistemas se profundiza en un contexto donde el gobierno nacional redujo significativamente los recursos destinados al ambiente y mantiene una postura crítica frente a las políticas vinculadas al cambio climático.
El informe señaló que cerca del 30 por ciento del territorio argentino registró situaciones de sequía, con especial impacto en provincias como Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis, donde más del 80 por ciento de la superficie resultó afectada.
FARN cuestionó además las modificaciones impulsadas por la gestión de Javier Milei en la estructura estatal vinculada al ambiente. Entre ellas, mencionó la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una subsecretaría, la eliminación del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y el traspaso del Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad.
Los recortes presupuestarios en organismos y programas ambientales oscilaron entre el 67 y el 95 por ciento en términos reales respecto de 2023. Las reducciones alcanzaron a la Subsecretaría de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales, el Fondo de la Ley de Bosques, las Áreas Marinas Protegidas y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
El informe también advirtió sobre la caída de más del 60 por ciento en las partidas destinadas a la promoción de energías renovables y eficiencia energética. En ese contexto, recordó el cierre del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y señaló que el 85 por ciento de la matriz energética nacional continúa dependiendo de combustibles fósiles.
Respecto de los compromisos internacionales, FARN sostuvo que Argentina aún no presentó la tercera actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), documento exigido por el Acuerdo de París para informar los avances en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El informe también dedicó un apartado especial a la situación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Allí advirtió sobre un estancamiento en las políticas de saneamiento y urbanización, con una fuerte caída de los fondos destinados a infraestructura y mejoras habitacionales. Según la organización, desde 2021 no se registran nuevas relocalizaciones de familias que viven en zonas contaminadas, mientras cientos de hogares continúan esperando soluciones definitivas.
Pese al panorama crítico, FARN destacó la participación ciudadana en defensa de las políticas ambientales. La organización remarcó que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares y que cerca de un millón firmó iniciativas para proteger esa normativa.
Para la fundación, la movilización social representa uno de los principales factores de resistencia frente a lo que calificó como un proceso de regresión ambiental que compromete la capacidad del Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano.