El Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger recorre distintas carteras para analizar la planta de empleados y definir posibles despidos. Los gremios estatales anticipan un escenario de conflictividad.
El Gobierno nacional continúa con la reducción del empleo público, según lo anticipado por el presidente Javier Milei. La administración avanza en un relevamiento cartera por cartera para determinar dónde pueden realizarse más ajustes de personal antes de que finalice el año.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado de llevar adelante esta tarea. En las últimas semanas, funcionarios de su área recorrieron distintos ministerios con el objetivo de analizar la cantidad de empleados, sus funciones y si esas tareas podrían resolverse con menos personal.
Según informaron fuentes oficiales, la señal que dejan esas visitas es uniforme: se debe seguir reduciendo la planta de personal en la segunda mitad del año, lo que alcanza a todas las áreas del Estado nacional. Desde el entorno del Gobierno aseguraron que no habrá inconvenientes para cumplir con las metas de ajuste, aunque algunos funcionarios advierten en privado que los despidos podrían impactar en la capacidad de gestión.
Por su parte, los sindicatos estatales ya se preparan para dar pelea. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó: “No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”. Además, anticipó que si no se reabren las paritarias de forma inmediata, el Gobierno enfrentará un escenario de conflictividad sostenida en el sector público.
Desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, expresaron su preocupación por la política de ajuste y cuestionaron que se sigan desvinculando trabajadores con más de una década de antigüedad y alta formación, incluso entre quienes aprobaron el examen que el propio Gobierno aplicó a los empleados estatales, con una tasa de aprobación del 95%. “Siguen echando gente y lo que más preocupa es que los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva”, señalaron desde el gremio, y plantearon que “el Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno”.