El Consejo Interuniversitario Nacional suspendió una reunión con el Ejecutivo tras considerar inadmisible una propuesta de recomposición salarial condicionada al retiro de demandas judiciales.
La negociación entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo episodio de tensión luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) suspendiera una reunión prevista con funcionarios del Ejecutivo. La medida se tomó tras considerar inadmisible una propuesta vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según información difundida, el Gobierno ofreció una recomposición salarial del 21% para docentes y trabajadores universitarios a cambio de que los rectores retiraran la demanda judicial iniciada para exigir la aplicación integral de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso hace más de siete meses y respaldada posteriormente por la Justicia.
La propuesta generó rechazo entre autoridades universitarias, quienes consideraron que una eventual mejora salarial no puede estar condicionada al abandono de reclamos judiciales vinculados al cumplimiento de una norma vigente.
Tras conocerse la oferta, el diálogo previsto con el Ejecutivo quedó suspendido y el CIN avanzó en reuniones con representantes gremiales para evaluar los pasos a seguir. Mientras algunos sectores interpretaron el ofrecimiento como una señal inicial de cumplimiento de la ley, otros rechazaron la posibilidad de aceptar una actualización salarial inferior a la contemplada en los reclamos del sistema universitario.
El conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado nacional para exigir la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
Pese a los fallos favorables obtenidos por las universidades, las autoridades académicas sostienen que el Gobierno continúa demorando la transferencia de los fondos correspondientes. En ese contexto, advirtieron que evalúan avanzar con nuevas presentaciones judiciales e incluso denuncias penales por presunto incumplimiento de decisiones judiciales.
Según datos difundidos por las propias instituciones, las transferencias nacionales destinadas a las universidades registraron una caída acumulada del 45,6% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, lo que afecta el funcionamiento de las casas de estudio y agrava la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores.
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) señalaron que los salarios deberían incrementarse un 56% para recuperar el nivel de compra que tenían en noviembre de 2023. Además, sostuvieron que la pérdida salarial acumulada durante el actual gobierno equivale a más de doce salarios mensuales.
La crisis también comenzó a reflejarse en indicadores académicos internacionales. De acuerdo con los últimos rankings universitarios globales, las siete universidades argentinas que integran la clasificación registraron descensos en sus posiciones respecto al año anterior, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba.