La Cámara de Diputados de la Nación recibió en los últimos tres días dos iniciativas para regular la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida en Argentina. Los proyectos, presentados por los diputados Esteban Paulón y Nicolás Trotta, proponen ampliar los derechos vinculados al final de la vida.
La Cámara de Diputados de la Nación recibió nuevamente iniciativas en el marco de aprobar proyectos de ley que buscan regular la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida en Argentina, específicamente dos propuestas legislativas en los últimos tres días que proponen ampliar los derechos vinculados al final de la vida.
Todo volvió a tomar impulso tras conocerse el caso de una mujer de 69 años con cáncer de páncreas que se convirtió en la primera persona en acceder legalmente a la eutanasia en Uruguay, actualmente el único país de América Latina que cuenta con una normativa específica sobre esta práctica.
En Argentina, si bien se encuentran vigentes la Ley de Muerte Digna y la Ley de Cuidados Paliativos, a futuro muchos referentes buscan avanzar sobre situaciones en las que pacientes con enfermedades terminales solicitan asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria.
Uno de los proyectos fue presentado por el diputado Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal. La iniciativa, compuesta por 40 artículos, propone regular la denominada “muerte voluntaria médicamente asistida” para personas argentinas mayores de 16 años que padezcan una enfermedad terminal, un deterioro grave de su salud o sufrimientos persistentes considerados intolerables.
El texto distingue dos modalidades. Por un lado, la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud. Por otro, la muerte asistida, mediante la cual el médico prescribe la medicación y es el propio paciente quien la autoadministra.
La propuesta establece además un procedimiento de evaluación que incluye acompañamiento interdisciplinario, una segunda opinión médica independiente y la intervención de una Comisión de Evaluación y Garantías que deberá emitir un dictamen en un plazo máximo de siete días. Solo con una resolución favorable podrá concretarse la práctica.
Asimismo, el proyecto contempla la incorporación de estos procedimientos al Programa Médico Obligatorio (PMO), garantizando el acceso sin costos adicionales para los pacientes.
Por su parte, el diputado Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, presentó la denominada “Ley de Asistencia en el Final de la Vida”. La principal diferencia respecto de la iniciativa de Paulón es que limita el acceso exclusivamente a personas mayores de 18 años.
El proyecto también propone modificaciones al Código Penal para excluir de responsabilidad penal a los profesionales de la salud que participen en prácticas eutanásicas o de asistencia médica al suicidio siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley. Además, prevé sanciones para quienes obstaculicen, retrasen o rechacen injustificadamente los procedimientos autorizados.
Días atrás, Trotta encabezó una mesa de trabajo junto a especialistas en bioética, medicina, salud mental y derecho para debatir los alcances de la iniciativa. Según señaló el legislador, el objetivo es promover una discusión amplia sobre la autonomía de las personas frente al final de la vida.
El debate sobre la eutanasia se encuentra vigente en distintos países del mundo. Los Países Bajos y Bélgica fueron pioneros en legalizarla en 2002, seguidos por Luxemburgo en 2009. En España, donde la práctica es legal desde 2021, recientemente tomó notoriedad el caso de Noelia Castillo, una joven que obtuvo autorización para acceder al procedimiento tras quedar parapléjica.