El máximo tribunal consideró que no se cumplen los requisitos procesales para intervenir de forma directa en el expediente que analiza la validez de la Ley de Modernización Laboral.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido del gobierno nacional para intervenir de manera directa en el expediente que analiza la validez de la Ley 27802 de Modernización Laboral, sin esperar una resolución de segunda instancia. La decisión llevó las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
El máximo tribunal entendió que no se cumplen los requisitos previstos en el Código Procesal Civil para admitir el recurso presentado por el Ejecutivo. El planteo buscaba que la Corte omitiera instancias intermedias y asumiera de forma directa el análisis del caso. Sin embargo, el artículo 257 establece que ese camino solo puede habilitarse cuando la causa tramita bajo competencia federal y existe una notoria gravedad institucional.
Fuentes judiciales señalaron que, en esta instancia del proceso, el pedido del Gobierno resulta “inoficioso”. La explicación se vincula con la situación actual de la norma, ya que la reforma laboral se encuentra vigente.
La Procuración del Tesoro había presentado el pedido el 16 de abril pasado, después de que un juez de primera instancia declarara la inconstitucionalidad de gran parte de la Ley de Modernización Laboral. Esa decisión fue luego revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia plena de la reforma. Por ese motivo, la Corte no avanzó con la intervención directa solicitada por el Gobierno.
En su presentación ante la Corte, los abogados del Estado pidieron revisar el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley. La Procuración, en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, pidió que se aceptara el recurso extraordinario, se declarara su admisibilidad y se suspendieran los efectos de la sentencia cautelar hasta una definición final de la Corte. Además, solicitó que el tribunal revocara la sentencia laboral, al considerar que fue dictada por un juez incompetente, sin caso judicial ni legitimación activa colectiva.
La acción inicial había sido presentada por la CGT, que pidió la declaración de inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de distintos artículos de la Ley 27.802. La central obrera sostuvo que esos puntos vulneran derechos y garantías constitucionales vinculados con la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.