El Gobierno de La Rioja descartó riesgos sobre sus activos estratégicos y ratificó su voluntad de pago a los bonistas, en medio de versiones difundidas en medios nacionales e internacionales.
La Provincia descarta riesgos sobre sus activos y ratifica su voluntad de pago a los bonistas. Desde el Ejecutivo afirmaron que no existe peligro de embargo sobre el Banco Rioja ni el Parque Eólico Arauco y buscaron llevar calma frente a versiones difundidas en medios nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, ratificaron la voluntad de cumplir con los compromisos del Bono Verde, aunque advirtieron que la situación financiera se vio afectada por la falta de transferencia de fondos que la Nación mantiene con la provincia.
El Gobierno de La Rioja salió este jueves a llevar calma frente a versiones que advertían sobre un escenario de riesgo para activos estratégicos de la Provincia, en el marco de la situación del Bono Verde, y ratificó su voluntad de pago a los bonistas, aunque señaló que las dificultades financieras están directamente vinculadas a la deuda que mantiene la Nación con la provincia.
La definición se dio durante una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, en respuesta a publicaciones recientes en medios nacionales e internacionales. El eje del mensaje oficial fue claro: no existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco, y las versiones que circularon forman parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial.
En ese marco, Luna Corzo fue el encargado de fijar posición y desactivar los rumores que generaron preocupación en los últimos días. “Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”, afirmó.
La referencia apunta al litigio que la Provincia mantiene con bonistas en tribunales de Estados Unidos, donde se discuten los incumplimientos registrados desde el año pasado. Si bien el propio Gobierno reconoce un atraso en el pago del bono, sostiene que la situación está siendo abordada a través de un proceso de reestructuración.
“Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración”, explicó el funcionario, y remarcó: “No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”. Según detalló, se trata de una negociación compleja que lleva más de un año, con el objetivo de alcanzar un esquema sustentable tanto para los acreedores como para las finanzas provinciales.
En ese contexto, también dejó una definición política sobre las prioridades del Ejecutivo: “No poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”, sostuvo. Al mismo tiempo, vinculó el origen de las dificultades financieras al contexto de recursos provinciales. “Las dificultades que llevan a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia”, afirmó, en referencia a partidas nacionales que, según indicó, fueron discontinuadas y afectaron la capacidad financiera.
En paralelo, el Gobierno defendió el Bono Verde como una herramienta de inversión productiva y rechazó las críticas sobre el destino de los fondos. Según explicó Luna Corzo, no se trató de deuda para gasto corriente, sino de una decisión estratégica que permitió desarrollar infraestructura energética, con el Parque Eólico Arauco como principal activo. En esa línea, afirmó que los recursos se transformaron en obras concretas, en funcionamiento y generando ingresos, y que el complejo no solo se mantiene operativo sino que fue ampliado y diversificado.
Asimismo, detalló que el parque alcanza actualmente una capacidad de 250 megavatios de generación eólica y que en abril se incorporarán otros 50 megavatios de energía solar, lo que llevará el total a 300 MW. De ese conjunto, recordó que 100 MW fueron transferidos años atrás a una empresa privada, mientras que el resto permanece bajo control provincial. El funcionario explicó que los recursos generados hasta el momento fueron reinvertidos en la ampliación del parque, por lo que recién hacia fines de este año —y con mayor claridad en 2027— comenzarían a registrarse resultados positivos. Esos ingresos, sostuvo, serán clave tanto para el sostenimiento de políticas públicas como para afrontar el repago del bono. “La principal fuente para garantizar ese pago va a ser la propia producción de energía del parque”, afirmó.
En relación con la deuda, el jefe de Gabinete reiteró que la Provincia busca reordenar los compromisos a través de la reestructuración en curso. “La voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia”, señaló. Sobre la demanda radicada en tribunales de Nueva York, indicó que forma parte de ese escenario.