La medida cautelar obliga al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos del programa social hasta que haya una sentencia definitiva, en respuesta a un reclamo de beneficiarios.
Un juez federal ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga en funcionamiento el plan Volver al Trabajo, tras una medida cautelar dictada a raíz de un amparo colectivo presentado por beneficiarios. La resolución fue emitida por el juez Adrián González Charvay.
El fallo instruye a la cartera que encabeza Sandra Pettovello a seguir abonando la prestación mensual de $78.000 a los titulares del programa, hasta que se resuelva el caso de manera definitiva. El magistrado estableció un plazo de tres días para el cumplimiento y advirtió sobre posibles sanciones económicas por cada día de demora en caso de incumplimiento.
Los demandantes, beneficiarios del plan, argumentaron en su presentación que la finalización del programa fue abrupta y carecía de un mecanismo de reemplazo claro que garantizara la continuidad de la asistencia. Sostuvieron que, en muchos casos, este subsidio constituye el único ingreso del hogar y que su eliminación afecta derechos básicos vinculados a la alimentación y la inclusión laboral.
El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 mediante un decreto del presidente Javier Milei y la ministra Pettovello, con el objetivo formal de promover la inserción laboral a través de cursos de formación, prácticas laborales y apoyo a proyectos productivos dentro de la economía popular. La asistencia, de carácter no remunerativo, está dirigida a personas de 18 a 59 años sin empleo formal y alcanza a cientos de miles de personas en todo el país.
En su resolución, el juez consideró que suspender una prestación de carácter alimentario sin una cobertura equivalente previa podría vulnerar derechos constitucionales y tratados internacionales. El fallo también señaló que el propio decreto de creación del programa reconocía la obligación del Estado de asistir a sectores en situación de vulnerabilidad económica.
Esta decisión judicial se suma a otros fallos recientes que han intervenido en áreas de política social. Mientras el Ministerio de Capital Humano evalúa su respuesta, la medida deja en suspenso uno de los recortes proyectados dentro del esquema de ajuste del gasto público.