La fuerza de seguridad actuó a partir de una denuncia por una inscripción intimidatoria en los baños del establecimiento educativo. Se desplegó un dispositivo de prevención en el exterior del colegio.
El Comisario Gustavo González, jefe de la Comisaría Primera, informó sobre un operativo iniciado a partir de una denuncia radicada el miércoles a las 20.30 horas por la directora de la EPET N° 1. La medida se tomó tras detectarse una amenaza escrita en los baños de la escuela que advertía sobre un supuesto tiroteo programado para el día jueves.
«Se coordinó con el jefe de dependencia y de regional implementar un operativo afuera del establecimiento para prevención», explicó el jefe policial, detallando que la investigación ya está en manos de sumario judicial. Durante la jornada, el control se centró en los momentos de mayor movimiento de alumnos, contando con la colaboración de los directivos, quienes constataron que las inscripciones intimidatorias ya habían sido borradas.
González precisó que, si bien se realizaron recorridos por el interior del edificio, no se efectuaron requisas a los estudiantes: «La requisa de alumnos no se realiza en razón de la cantidad de alumnos, pero sí la presencia policial. Avala a hacer una requisa provisoria, pero no tuvimos indicios para hacer ese tipo de requisas».
El jefe de la dependencia destacó la excepcionalidad del caso, señalando que es la primera vez que le toca intervenir en un hecho de estas características dentro del ámbito escolar. Al involucrar a menores de edad, el comisario subrayó los protocolos legales vigentes: «Ante un indicio, una cuestión de supuesto autor, podríamos y tendríamos que pedir autorización a la justicia. Como medidas de prevención, se hace la operatividad afuera del establecimiento».
Finalmente, desde la fuerza de seguridad solicitaron la colaboración de la sociedad para fortalecer la prevención en la zona. González instó a los vecinos y miembros de la comunidad a que «se lleguen por la dependencia para saber cuáles son los puntos complicados» y así trabajar de manera conjunta en la seguridad del sector, mientras continúa el proceso judicial para esclarecer el origen de la amenaza.