A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, un informe de Amnistía Internacional señala una reducción del 89% en el presupuesto nacional destinado a políticas de género desde 2024, junto a la desarticulación de programas de asistencia.
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, la advertencia sobre un fuerte retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y asistir situaciones de violencia de género aparece. Según un informe de Amnistía Internacional, desde 2024 el presupuesto nacional destinado a esta área sufrió una reducción del 89%, acompañada por la desarticulación de programas de asistencia y una disminución de la capacidad de respuesta de la Línea 144.
Se da en la previa de una nueva jornada de movilización del 3 de junio y en un contexto marcado por recientes casos de violencia extrema, como los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.
De acuerdo con el relevamiento, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, una cifra 12,3% menor a la del año anterior. Sin embargo, el informe señala que la violencia letal contra las mujeres mantiene niveles elevados desde hace casi una década, con un promedio de un femicidio cada 36 horas en Argentina.
“Hoy la demanda es concreta: que el Estado no abandone a las mujeres y garantice políticas públicas efectivas, con recursos suficientes, para que puedan vivir libres de violencia”, expresaron desde Amnistía Internacional.
El estudio también indica que siete de cada diez femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o del agresor y que en el 83% de los casos existía un vínculo previo entre ambos, principalmente relaciones de pareja o expareja.
Para las organizaciones, estos datos evidencian que la violencia de género constituye una problemática estructural que requiere respuestas integrales y sostenidas por parte del Estado.
Además, el informe advierte sobre el impacto que tienen otras formas de violencia menos visibles, como la económica, psicológica, sexual y digital. “Los femicidios son la punta visible del iceberg”, sostienen las organizaciones, al señalar que detrás de cada caso existen situaciones previas de control, amenazas, humillaciones y agresiones naturalizadas.
Otro dato que genera preocupación es la situación de niñas, niños y adolescentes que quedan afectados por estos crímenes. Durante 2025, un total de 144 menores perdieron a sus madres como consecuencia de femicidios, mientras que, según el informe, programas de reparación como la Ley Brisa redujeron su alcance.
El relevamiento también registró un incremento de la violencia contra las diversidades sexuales. Durante el último año se contabilizaron 227 crímenes de odio contra personas LGBTI+, la cifra más alta desde que existen registros y más de un 60% superior a la de 2024.
En relación con las falsas denuncias, Amnistía Internacional indicó que representan apenas el 0,09% de más de ocho millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. En contrapartida, alertó sobre la baja cantidad de denuncias realizadas por las víctimas: solo el 10% de las mujeres que sufren violencia sexual acude a la Justicia y apenas el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor.
Desde la organización cuestionaron además las iniciativas que buscan endurecer las sanciones por falsas denuncias en casos de violencia de género y abuso sexual, al considerar que pueden desalentar las denuncias y profundizar las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la Justicia.