La provincia presentó oficialmente la Ley Provincial N.º 10.800, que establece el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia en Razón del Género, con el objetivo de unificar criterios y coordinar la respuesta estatal.
La provincia dio un paso en la consolidación de sus políticas de protección con la presentación oficial de la Ley Provincial N.º 10.800. Esta normativa establece el Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia en Razón del Género, una herramienta diseñada para terminar con la fragmentación institucional y garantizar que el Estado actúe de forma coordinada.
El acto, realizado en la Sala Coty del Paseo Cultural, contó con el respaldo de la vicegobernadora Teresita Madera y un gabinete interdisciplinario que incluyó a los ministros de Salud y Seguridad, junto a representantes del Tribunal Superior de Justicia.
La implementación de este protocolo busca transformar la manera en que la Policía de la Provincia, el sistema sanitario y la Secretaría de la Mujer y Diversidad interactúan al recibir una demanda de auxilio. Al establecer procedimientos comunes, se eliminan los obstáculos burocráticos que históricamente han dificultado el acceso a una respuesta rápida. El enfoque principal se centra en optimizar la recepción de denuncias y el acompañamiento posterior, asegurando que la atención sea eficiente y respetuosa de los derechos humanos.
Durante la jornada, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro, enfatizó que la existencia de la ley debe ir acompañada de una aplicación efectiva basada en la empatía. Las autoridades coincidieron en que la unificación de criterios es la única vía para evitar la revictimización, permitiendo que las personas en situación de vulnerabilidad reciban una intervención integral independientemente del organismo al que acudan en primera instancia. Así, el protocolo se convierte en un puente de articulación entre los distintos ministerios y el Poder Judicial.
Finalmente, la puesta en marcha de la Ley N.º 10.800 se posiciona como una estrategia clave para profundizar la prevención y la asistencia técnica. Al consolidar esta red institucional, la provincia busca dar una respuesta administrativa y reafirmar un compromiso político con la protección de derechos.