Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicará una reducción en la recaudación estatal de hasta USD 1.395 millones por año, por beneficios impositivos a grandes empresas.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el Estado podría dejar de recaudar hasta USD 1.395 millones por año debido a los beneficios impositivos otorgados a grandes empresas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales iniciativas del gobierno de Javier Milei para atraer capitales extranjeros.
Según el estudio, el costo fiscal del programa aumentaría progresivamente a medida que crezcan las exportaciones de los proyectos aprobados, mayoritariamente vinculados a minería, petróleo, gas y energía. Entre los beneficios cuestionados se encuentran la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de retenciones a las exportaciones y diversas exenciones aduaneras y fiscales por hasta 30 años.
El informe detalla que solo la baja en Ganancias representaría una pérdida anual de USD 545 millones para el Estado, mientras que las exenciones a las exportaciones sumarían otros USD 107 millones por año. Además, durante la etapa inicial de construcción de los proyectos —entre 2026 y 2028— se calcula un costo adicional de USD 430 millones anuales por devolución anticipada de IVA y eliminación de aranceles a importaciones.
Las críticas también apuntan a que varios de los proyectos aprobados ya estaban en marcha antes de la creación del RIGI, por lo que se cuestiona la entrega de beneficios extraordinarios a inversiones que posiblemente se hubieran realizado igual. Actualmente, fueron aprobados 16 proyectos por casi USD 30.000 millones y el Ejecutivo busca profundizar el esquema con un “Súper RIGI”, que incluiría más ventajas impositivas.
El oficialismo defiende el régimen como una herramienta para atraer dólares e inversiones, mientras que sectores opositores y economistas advierten sobre el costo fiscal en medio de un ajuste sobre el gasto público y la caída del poder adquisitivo.