La cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a más de un millón y medio de personas frente a la Casa Rosada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional no cumple desde hace más de 200 días.
Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes e investigadores de todo el país se movilizaron este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El acto central se desarrolló frente a la Casa Rosada, donde a las 17 horas una multitud de un millón quinientas mil personas entonó el himno nacional antes de escuchar la lectura del documento oficial elaborado por las universidades públicas.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. El reclamo central apunta al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo, que según el documento acumula ya 203 días sin aplicarla, pese a su vigencia y a fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
El texto difundido por las universidades describe una situación presupuestaria «crítica». Las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una reducción que afecta a todas las funciones del sistema: docencia, investigación, extensión y funcionamiento edilicio. Los gastos operativos se recortaron drásticamente y programas de becas como el Progresar, el Manuel Belgrano y las becas de vocaciones científicas fueron desfinanciados o directamente suspendidos.
La situación salarial es especialmente alarmante. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada fue del 293,3% frente a aumentos salariales del 147,3%, lo que implica una pérdida del 37,1% del poder adquisitivo, equivalente a casi once sueldos. Según el documento, los salarios universitarios se encuentran hoy en su nivel más bajo en 23 años, por debajo del resto del Estado nacional y de toda América Latina. Esta situación se traduce en renuncias masivas de personal calificado, pluriempleo generalizado y una crisis creciente en las obras sociales universitarias.
Las autoridades universitarias también denunciaron que el Gobierno rompe la división de poderes al ignorar fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la ley, y reclamaron a la Corte Suprema que garantice el financiamiento del sistema. La UBA, por su parte, aclaró que la movilización no responde a intereses partidarios sino a la defensa irrestricta de la educación pública como bien común.