En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, datos y testimonios reflejan que la violencia obstétrica sigue siendo una realidad frecuente en el sistema de salud argentino, pese a las leyes vigentes.
En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, es importante hablar sobre la persistencia de la violencia obstétrica en nuestro país. Pese a la existencia de leyes que protegen los derechos de las personas gestantes, las prácticas de maltrato, medicalización excesiva y falta de consentimiento continúan siendo frecuentes dentro del sistema de salud.
El debate volvió a cobrar relevancia tras conocerse en España el caso de una madre que recibirá una indemnización superior a los 13 millones de euros por una negligencia médica durante el parto, que provocó graves secuelas neurológicas en su hijo.
En Argentina, la violencia obstétrica está reconocida como una forma de violencia de género por la Ley 26.485, y la Ley de Parto Respetado establece derechos vinculados al embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, su aplicación efectiva sigue siendo limitada.
Según datos difundidos por el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), el 60% de las mujeres consultadas en 2024 afirmó haber atravesado experiencias negativas en la atención ginecológica u obstétrica.
La médica ginecóloga y obstetra Claudia Alonso Werner, cofundadora de la organización Dando a Luz, explicó que muchas de estas prácticas suelen naturalizarse porque forman parte de una violencia estructural dentro de las instituciones sanitarias. Entre las situaciones más frecuentes mencionó la falta de consentimiento informado, la imposibilidad de decidir sobre el propio cuerpo durante el trabajo de parto, la negación del acompañamiento emocional, la minimización del dolor y expresiones humillantes dirigidas a las pacientes.
“Muchas prácticas se presentan como normales o necesarias por seguridad, cuando en realidad implican pérdida de autonomía o intervenciones sin evidencia científica”, sostuvo la especialista. Además, remarcó que determinados grupos atraviesan mayores niveles de vulnerabilidad frente a este tipo de violencia, entre ellos mujeres pobres, migrantes, indígenas, adolescentes y personas con discapacidad.
Desde la organización también cuestionaron el debilitamiento de políticas públicas orientadas a prevenir y acompañar situaciones de violencia de género. Alonso Werner señaló que en 2025 fue disuelta la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG), mientras que distintos programas de asistencia fueron recortados o eliminados.
La licenciada en comunicación y doula Astrid Zucconi, integrante de Dando a Luz, sostuvo que la violencia obstétrica persiste porque responde a patrones culturales profundamente arraigados y a modelos médicos históricamente naturalizados. “Es una cuestión cultural y también institucional. Muchas veces los protocolos avalan intervenciones que terminan vulnerando derechos”, explicó.
Las consecuencias, advirtieron las especialistas, pueden extenderse mucho más allá del momento del parto. Entre las secuelas más frecuentes aparecen cuadros de depresión posparto, dificultades en el vínculo con el bebé, problemas en la lactancia y sentimientos de culpa o incapacidad.
El relevamiento realizado por OVOA sobre 2.000 personas gestantes expuso además otros indicadores preocupantes:
- El 46% manifestó haber sufrido maltrato psicológico.
- El 45% denunció maltrato verbal.
- El 35% recordó el parto con sufrimiento o malestar.
- El 31% afirmó haber recibido intervenciones sin consentimiento.
- El 28% sufrió maltrato físico.
- El 27% sintió que su vida o la de su hijo corría peligro.
- El 25% dijo haber actuado bajo amenazas o presión.
- El 22% no pudo estar acompañada durante el proceso.
En paralelo, organizaciones feministas y de derechos humanos cuestionan el rumbo de las políticas nacionales en materia de género desde la llegada del gobierno de Javier Milei. Durante 2024 y 2025 fueron eliminados o reducidos distintos programas de asistencia y prevención, entre ellos el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Programa Acompañar y otras iniciativas vinculadas a diversidad y protección integral.