Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial advierten sobre un plan de reestructuración que incluye despidos directos y pases a disponibilidad, mientras el Gobierno defiende la medida como parte de la reducción del gasto público.
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha escalado a un punto crítico. Este martes, la Comisión Directiva del organismo confirmó a los gremios un plan de reestructuración que incluye el recorte de 1.000 puestos de trabajo, combinando despidos directos y pases a disponibilidad. La medida se suma a la reciente baja de más de 900 servicios tecnológicos, lo que para los trabajadores representa un «vaciamiento de hecho».
Daniel Luna, trabajador del instituto, advirtió en medios riojanos que la estrategia del Ejecutivo nacional, impulsada bajo la órbita de Federico Sturzenegger, busca declarar al organismo como «inservible». Según denuncian desde la multisectorial, la eliminación de líneas de trabajo es la excusa necesaria para justificar las cesantías. «Una vez que sacan líneas de trabajo, van a decir que hay gente que sobra, instalando el relato de que cobran sin hacer nada», explicó Luna.
El objetivo de fondo, aseguran los empleados, es el cierre definitivo de una institución que el próximo año cumpliría 70 años de vida. A diferencia de otras áreas del Estado, el INTI cumple una función técnica que afecta directamente la seguridad de la población. La eliminación de servicios implica que el Estado dejará de supervisar procesos críticos como la seguridad industrial y la calidad de productos de consumo masivo.
La mirada del Gobierno es diametralmente opuesta. Basándose en la premisa de reducir el gasto público y eliminar estructuras que consideran ineficientes, el oficialismo avanza con la idea de que estas funciones podrían ser absorbidas por el sector privado o, simplemente, que no representan una prioridad estatal. Sin embargo, desde el INTI sostienen que el mercado no puede autorregularse en materia de seguridad industrial. «Nuestro trabajo es innovar y asegurar que lo que la gente consume no sea tóxico», remarcan los técnicos, quienes buscan ahora el apoyo de la sociedad civil para frenar lo que consideran el desmantelamiento de la soberanía tecnológica argentina.