Un protocolo interministerial se activó para investigar el origen de las amenazas digitales y prevenir su materialización, trabajando de forma articulada con la Justicia de Menores.
La recurrencia de mensajes amenazantes, con leyendas similares a las registradas en otras provincias, ha motivado la puesta en marcha de un protocolo interministerial en La Rioja. Este plan prioriza la investigación tecnológica para rastrear el origen de las amenazas. El objetivo central es desarticular estas conductas antes de que las intimidaciones pasen del plano digital a la ejecución material de actos violentos en los establecimientos educativos.
Desde el ámbito jurídico, el Ministro advirtió que estas acciones pueden tipificarse como delitos de intimidación pública o amenazas. Dado que los implicados son menores que se encuentran al límite de la edad de responsabilidad penal, se trabaja de forma articulada con la Justicia de Menores. El enfoque combina la aplicación de la ley con dispositivos de contención específicos para abordar la conducta de los jóvenes.
El Gobierno destacó que estas medidas preventivas son urgentes para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Se hizo un llamado a la responsabilidad compartida, instando a las familias a supervisar el consumo digital de los menores y a estar alertas ante cambios de comportamiento. El nuevo protocolo busca frenar la escalada de denuncias y asegurar que los establecimientos escolares sigan siendo entornos seguros.
