El organismo detalló los fundamentos de la aprehensión de un hombre por desobediencia a una medida de protección y explicó una intervención momentánea sobre una abogada que obstruía el operativo.
El Ministerio Público Fiscal informó que, el jueves 16 de abril de 2026, en el marco de un procedimiento por flagrancia, se procedió a la aprehensión de un ciudadano identificado como Bordón. La detención se basó en la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal, por incumplir medidas de protección dictadas en un contexto de violencia de género por el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2.
El organismo señaló que dichas medidas, plenamente vigentes y notificadas, tenían como finalidad resguardar la integridad de una mujer en situación de vulnerabilidad. En este sentido, destacó que la intervención estatal en estos casos es una obligación legal, conforme a la Ley Nacional 26.485 y tratados internacionales, para garantizar una tutela judicial efectiva y proteger a la víctima.
Durante el procedimiento, según el comunicado, se presentó una abogada que manifestó ser defensora del imputado. El Ministerio Público Fiscal indicó que su accionar «excedió el marco del ejercicio técnico de la defensa», generando una «oposición activa» que entorpeció concretamente el operativo, incluyendo resistencia al traslado y contacto físico con el personal policial.
Frente a esta situación, el Ministerio Público Fiscal dispuso una intervención «preventiva y momentánea» sobre la profesional, con el objetivo de «hacer cesar la conducta obstructiva» y permitir la continuidad del procedimiento. Aclaró que esta medida tuvo un carácter «estrictamente funcional y operativo», y no punitivo.
Una vez superado el incidente y asegurado el normal desarrollo del operativo, la medida sobre la abogada perdió razón de ser, por lo que no se impulsó una acción penal en su contra. El Ministerio Público Fiscal reafirmó que su actuación se desarrolló dentro del marco legal, priorizando la protección de la víctima y la efectividad de las medidas en un contexto de violencia de género.