El proyecto de reforma, que elimina restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la ley de barrios populares, avanza en el Congreso mientras el oficialismo busca acuerdos con otros bloques.
El proyecto de Ley de Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, genera debate en el Congreso. Sus puntos centrales son la eliminación de límites cuantitativos para que extranjeros adquieran tierras y modificaciones a la ley de regularización de barrios populares.
Actualmente, el oficialismo busca los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, dialogando principalmente con bloques de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Según fuentes parlamentarias, aún no hay consenso suficiente para emitir dictamen, por lo que las negociaciones continúan.
Uno de los artículos más discutidos deroga el límite de 1000 hectáreas para la compra de tierras por parte de personas extranjeras, establecido por la ley 26.737 de 2011. El nuevo texto solo exige autorización cuando el comprador sea un Estado extranjero o una entidad vinculada. Sectores opositores, e incluso aliados como la senadora Edith Terenzi, manifestaron preocupación por la posible concentración de tierras en capitales foráneos sin límites claros.
El Gobierno defiende la reforma argumentando que concentra los controles en casos donde intervienen Estados extranjeros, asegurando así la soberanía y la seguridad nacional.
Otro capítulo que genera objeciones es la modificación de la ley 27.453 de barrios populares. El proyecto deroga artículos clave que establecían el mecanismo de expropiación para regularizar tierras, descentraliza la implementación en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y elimina la prohibición de desalojos por 10 años y el porcentaje de obras para organizaciones barriales. El Ejecutivo sostiene que, tras siete años de vigencia, la ley solo logró titular un 0.08% del suelo objetivo.
Además, el proyecto agiliza los trámites de desalojo por falta de pago, reduciendo plazos, y modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones de venta y cambio de uso del suelo incendiado por plazos de 30 a 60 años, consideradas «irrazonables» por el Gobierno.