A través de un decreto, el Estado Nacional otorgó a nueve jurisdicciones provinciales la facultad de licitar el mantenimiento y la administración de tramos de rutas nacionales mediante el cobro de peajes.
El Gobierno Nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Las jurisdicciones podrán conceder estas obras públicas a empresas privadas, mixtas o entes públicos mediante el cobro de peajes.
Las provincias habilitadas para iniciar estos procesos de administración, reparación y conservación son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El objetivo de la medida, según se informó, es descentralizar funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable», y especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. La medida «no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados».
Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales «en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación». Para implementar el sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos específicos y el plan de obras previsto.
Según el decreto, las provincias deben garantizar el «respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero». El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos. En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el «decaimiento de la delegación» para ese tramo vial.