Autoridades provinciales ratificaron la voluntad de pago a los bonistas del Bono Verde y aseguraron que no existe riesgo de ejecución sobre estos activos estratégicos, atribuyendo las dificultades financieras a la falta de transferencias de fondos nacionales.
El Gobierno de La Rioja salió al cruce de versiones que advertían sobre un posible riesgo de embargo sobre activos estratégicos de la provincia, como el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco. En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se descartó de plano esa posibilidad y se ratificó la voluntad de cumplir con los compromisos asumidos con los tenedores del Bono Verde.
«Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución», afirmó Luna Corzo. Las declaraciones se dieron en respuesta a publicaciones en medios nacionales e internacionales que analizaban la situación de la deuda provincial.
El funcionario reconoció que existe un atraso en los pagos del bono, lo que llevó a la provincia a iniciar un proceso de reestructuración de la deuda hace más de un año. «No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento», aseguró. Sin embargo, vinculó las dificultades financieras directamente con la falta de transferencia de fondos que, según afirmó, la Nación mantiene con La Rioja.
En cuanto al Parque Eólico Arauco, el Gobierno lo defendió como una herramienta de inversión productiva. Luna Corzo detalló que el complejo, que actualmente tiene una capacidad de 250 megavatios eólicos, incorporará 50 megavatios solares en abril, totalizando 300 MW. Sostuvo que los ingresos generados por la producción de energía serán una fuente clave para el repago del bono en el futuro.
Respecto al litigio con bonistas en tribunales de Estados Unidos, el jefe de Gabinete indicó que forma parte del escenario de negociación y reestructuración. «La voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia», concluyó.