martes, 21 mayo, 2024
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Otro daño colateral de la derrota K: la agenda judicial de Cristina entra en un freezer y se agota su tiempo

Desde la pelea por retener a la jueza Figueroa hasta la reactivación del juicio por lavado en Hotesur y Los Sauces o el caso Cuadernos, no habrá buenas noticias para la vice.

Ya lo dijo el poeta: «nunca es triste la realidad. Lo que no tiene es remedio». La inexorable lección no caló aun bajo la piel de los referentes oficialistas, todavía aturdidos por la zurra electoral que sufrieron el domingo. Y aunque el agujero más urgente en el casco de su barco está en la economía, otras filtraciones ya pueden visualizarse debajo del agua.

Hace mucho, mucho tiempo, o sea la semana pasada, el kirchnerismo batallaba en los tribunales y el Congreso para levantar una módica -pero incómoda- línea Maginot que aislara a Cristina de su negro horizonte judicial, atiborrado de densas nubes.

La jugada de la camarista Ana María Figueroa para retener su silla en la Casación Federal sin cumplir con la Constitución y los aspavientos contra la Corte Suprema de Justicia en el comisión de Juicio Político de Diputados son sólo dos estrellas en ese firmamento. Una tercera crece en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, donde tramita un expediente que busca analizar anomalías, tachaduras y sobreinscripciones en los famosos cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Todas esas fichas tuvieron movimiento la semana pasada. Y todas están ahora más cerca de la basura que de llegar mucho más lejos.

El miércoles 9, Figueroa cumplió los 75 años que la Constitución establece como tope para ejercer la magistratura excepto que un nuevo acuerdo del Senado y un decreto presidencial extiendan esa aptitud por cinco años más. Luego de dos intentos fallidos y la intervención personal de Cristina y de Sergio Massa, la Cámara Alta no consiguió el quórum necesario para luego aprobar el dictamen que la Comisión de Acuerdos había forzado con los solitarios votos peronistas.

Mientras, en Comodoro Py, la jueza delegó la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal en su vice, Mariano Borinsky, pero avisó a sus colegas que permanecería en su escritorio hasta que el Congreso aprobara su nuevo pliego, «antes de fin de año». No firmaría resoluciones ni sentencias, eso sí. O sea que ya no trabaja como jueza, pero instaló un asterisco en la composición de la Sala I del tribunal, que comparte con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

La creación de agujeros negros o limbos administrativos es el recurso habitual del kirchnerismo para tirar la llave al río luego de una retirada desordenada. Un recurso al menos discutible, pero a veces exitoso: ahí sigue vacía la silla de Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, pese a que desde la Corte hacia abajo todos los tribunales hayan repudiado la movida K para sentar allí al senador oficialista Martín Doñate.

Quizás desde su trinchera Figueroa aspire a lo mismo. Pero si la razón no la asistía, desde el domingo electoral tampoco la fuerza lo hace. La debacle de Unión por la Patria transformó en una hendija la ventana a través de la cual la jueza buscaba perdurar en Comodoro Py, apostando a una aprobación de su pliego en el Senado antes de fin de año. Los brazos de los senadores están mucho más pesados para elevarse desde que el kirchnerismo fue apaleado en las urnas, y tanto ella como el nutrido lote de jueces que el oficialismo ansía aprobar tienen ahora una cuesta más escarpada frente a sus pies.

Otra fogata que no se apagará es la del radiactivo expediente Hotesur-Los Sauces, que los dos colegas de Figueroa en la Sala I de la Casación tienen listo para firmar y publicar. Esa resolución obligará a hacer el juicio oral que en una controvertida jugada el TOF 5 decidió suspender cuando hasta los testigos estaban designados. En los últimos días surgieron rumores sobre supuestas disidencias entre Barroetaveña y Petrone que podrían entorpecer la sentencia, pero se trataría de una nueva operación K para resistir lo inevitable.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el incandescente volcán del caso de los Cuadernos de las Coimas quedó prácticamente detenido. En manos del Tribunal Oral Federal 7, el kirchnerismo apuntó primero a uno de sus jueces -Germán Castelli- y, fracasado el intento de voltear la causa desde Dolores con el Operativo Puf y las manoseadísimas correrías del fabulador Marcelo D’Alessio, ahora apuesta a que otro expediente que se tramita en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi logre lastimar el avance hacia el juicio oral del mayor caso por corrupción de la historia argentina.

Martínez De Giorgi analiza los reclamos del empresario Armando Losón, uno de los arrepentidos por los pagos ilegales pero quien afirma que los suyos no fueron por ningún contrato público sino como aportes electorales a la campaña de 2013, y que los montos y detalles consignados por el chofer Centeno en su bitácora sin incorrectos. Mediante tres pericias caligráficas logró probar tachaduras, enmiendas y la letra del amigo de Centeno y proveedor de los cuadernos al periodista Diego Cabot, Jorge Bacigalupo.

El juez ordenó el rastreo de los llamados de Bacigalupo entre 2017 y 2023, y pidió distintas medidas. Desde el TOF 7 le advirtieron que no se meta en la causa principal, donde se acumulan cientos de pruebas que certifican el circuito de sobornos reflejado en los cuadernos, cuya virginidad poco importa como prueba. Martínez De Giorgi respondió que no se detendría, y que en todo caso si se quisieran incorporar sus investigaciones al cuerpo principal, que el Tribunal lo retrotraiga a un estadío anterior.

Pero nada de eso sucederá, y el intento de muchos ex funcionarios y sobre todo empresarios para colgarse de las pericias de Losón -quien reitera y repite que no cuestiona el contenido general de los cuadernos ni mucho menos la organización delictiva que mostraron- fracasará más pronto que tarde.

La primera señal de que el viento sopla de frente luego de las PASO se encendió este jueves, cuando la Cámara Federal porteña comunicó al juez Sebastián Casanello que revertía su decisión de no aceptar a la ONG Bases Republicanas como querellante en la causa de la Ruta del Dinero K, y que además aceptaba la apelación de esa entidad al sobreseimiento de Cristina Kirchner en el caso, sellado por el magistrado luego de un sorpresivo pedido del fiscal Guillermo Marijuan.

Fue la primera bengala. Pero no será la última.

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