Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas comparó el poder de compra del primer salario mínimo de 1964 con el actual. La pérdida llega al 80%.
Para conservar el poder adquisitivo que tenía hace 61 años, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tendría que tocar hoy un monto que oscile entre $1.509.000 y $1.838.000. Sin embargo, el piso vigente es de apenas $367.800: entre cuatro y cinco veces menos de lo necesario para comprar lo mismo que en 1964.
El cálculo lo realizó el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, al cumplirse este 7 de junio el 61° aniversario de la norma.
Fue el gobierno de Arturo Illia el que, en 1964, fijó por primera vez una remuneración mínima obligatoria y creó el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, integrado por el Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias. Aquel primer piso salarial era de 14.000 pesos moneda nacional.
En 1964, el kilo de asado costaba 130 pesos: con un salario mínimo se compraban unos 107 kilos de carne vacuna. El alquiler de un tres ambientes bien ubicado en la Ciudad de Buenos Aires rondaba los 7.500 pesos, apenas el 53% del haber mínimo. El boleto de colectivo valía 6 pesos, de modo que ese salario equivalía a 2.333 viajes. Seis décadas después, ese mismo ingreso quedó muy lejos de cubrir una canasta comparable.
La ley fijaba que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debía aplicarse a todo trabajador en relación de dependencia mayor de 18 años. Esa remuneración tenía que alcanzar, para el empleado y su familia, alimentación acorde, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión. Para determinar el monto se tomaba como referencia una familia tipo —dos cónyuges y dos hijos— y se contemplaban las diferencias regionales. El artículo 4° prohibía pagar por debajo de ese piso y penaba con multas a quienes lo incumplieran.
La norma también creó el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que debía integrarse con dos representantes de los ministerios de Trabajo y de Economía, cuatro de los trabajadores y otros cuatro de las cámaras empresarias. Cualquiera de las partes podía convocar al organismo cuando los precios registraran una variación superior al 15%.