La Cámara alta confirmó el pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, con 44 votos a favor y 18 en contra, pese a la oposición del Gobierno nacional.
En una sesión del Senado realizada este jueves, se aprobó la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La votación registró 44 votos afirmativos y 18 negativos, a pesar de los intentos del Gobierno de Javier Milei por impedir su tratamiento.
La candidatura de Michelli generó controversia debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Desde sectores del oficialismo se cuestionó esa relación, mientras que otros legisladores señalaron que no existían fundamentos legales para rechazar una postulación por parentesco.
Durante la sesión, la ministra de Seguridad y presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, optó por abstenerse en la votación, lo que evidenció diferencias internas en el partido gobernante respecto al pliego.
Además, el Senado aprobó un total de 74 pliegos de candidatos a jueces, fiscales, defensores y conjueces federales y nacionales. Todos los postulantes habían pasado por audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos y contaban con dictamen favorable. Los cargos cubrirán vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Río Negro y Neuquén.
Por otro lado, se postergó el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa propone flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, habilitar la venta de terrenos incendiados y modificar aspectos de expropiaciones. Desde La Libertad Avanza atribuyeron la postergación a la extensión del debate y la complejidad de la iniciativa, mientras que bloques aliados señalaron desacuerdos internos y pedidos de modificaciones.
En contraste, el Senado aprobó un acuerdo para el pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares, correspondientes a bonos del 2001. El primer intento de avanzar se había prorrogado tras un error material de los acreedores. El acuerdo con Attestor Value Master Fund LP implica un desembolso de 266 millones de dólares, aunque el país negoció abonar 104 millones. Con el fondo Bainbridge Ltd se acordó pagar 67 millones sobre un litigio de 96 millones. El proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y 22 en contra del bloque Justicialista, y aún resta su tratamiento en Diputados.