El Ejecutivo provincial ratificó su voluntad de pago a los bonistas y vinculó las dificultades financieras al incumplimiento de la Nación en la transferencia de fondos.
El Gobierno de La Rioja descartó este jueves la existencia de riesgo de embargo sobre el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, en el marco de la situación del Bono Verde. La definición fue realizada durante una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo.
Luna Corzo afirmó: “Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”. El funcionario se refirió a publicaciones recientes en medios nacionales e internacionales.
El Gobierno reconoció un atraso en el pago del Bono Verde y sostuvo que la situación está siendo abordada a través de un proceso de reestructuración. “Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración”, explicó Luna Corzo, y añadió: “No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”.
En relación con las prioridades del Ejecutivo, el funcionario señaló: “No poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”. Asimismo, vinculó las dificultades financieras al contexto de recursos provinciales: “Las dificultades que llevan a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia”, en referencia a partidas nacionales discontinuadas.
El Gobierno defendió el Bono Verde como una herramienta de inversión productiva. Luna Corzo detalló que el Parque Eólico Arauco alcanza una capacidad de 250 megavatios de generación eólica y que en abril se incorporarán otros 50 megavatios de energía solar, totalizando 300 MW. Señaló que 100 MW fueron transferidos a una empresa privada, mientras que el resto permanece bajo control provincial. Los recursos generados fueron reinvertidos en la ampliación del parque, y se esperan resultados positivos hacia fines de este año y con mayor claridad en 2027. “La principal fuente para garantizar ese pago va a ser la propia producción de energía del parque”, afirmó.
En cuanto a la deuda, Luna Corzo reiteró que la Provincia busca reordenar los compromisos a través de la reestructuración en curso. “La voluntad del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia”, señaló. Sobre la demanda en tribunales de Nueva York, indicó que los acreedores impulsan una estrategia para ampliar el litigio a tribunales de Massachusetts, pero remarcó que desde el punto de vista jurídico no existe posibilidad de ejecución en Argentina. “El Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco son activos de los riojanos, van a seguir siendo de la Provincia y los vamos a defender judicialmente con todas las herramientas disponibles”, sostuvo.
El Gobierno también puso el foco en la relación con la Nación. “Las dificultades financieras que llevan a este tipo de situaciones están directamente vinculadas con el incumplimiento de la Nación en la transferencia de los fondos que legítimamente le corresponden a nuestra Provincia”, afirmó Luna Corzo. El reclamo fue judicializado ante la Corte Suprema hace más de dos años.
Finalmente, el funcionario interpretó la circulación de versiones alarmistas como parte de una estrategia de presión: “Suponemos que forman parte de una estrategia jurídico-comunicacional por parte de los bonistas”, y ratificó la voluntad de diálogo: “La voluntad de diálogo de nuestra parte siempre estuvo. Lo que está faltando es la predisposición por parte de la Nación”.
Participaron también de la conferencia el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera; el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea; el ministro de Hacienda, Fabián Blanco; el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y el Fiscal de Estado Emilio Rodríguez.