El Ejecutivo provincial ratificó su voluntad de pago a los bonistas y atribuyó las dificultades financieras a la falta de transferencias de fondos nacionales.
El Gobierno de La Rioja afirmó este jueves que no existe peligro de embargo sobre el Banco Rioja ni el Parque Eólico Arauco, en respuesta a versiones difundidas en medios nacionales e internacionales. La declaración fue realizada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, durante una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
Luna Corzo señaló que las versiones sobre un posible embargo forman parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial. “Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”, afirmó.
El funcionario explicó que la provincia mantiene un litigio con bonistas en tribunales de Estados Unidos por incumplimientos en el pago del Bono Verde, pero que la situación está siendo abordada mediante un proceso de reestructuración. “Las dificultades que venimos registrando desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración”, indicó.
Luna Corzo vinculó las dificultades financieras al incumplimiento de la Nación en la transferencia de fondos que corresponden a la provincia. “Las dificultades que llevan a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia”, sostuvo.
En relación con el Parque Eólico Arauco, el Gobierno defendió el Bono Verde como una herramienta de inversión productiva. Luna Corzo detalló que el parque alcanza una capacidad de 250 megavatios de generación eólica, y que en abril se incorporarán otros 50 megavatios de energía solar, totalizando 300 MW. Señaló que los recursos generados fueron reinvertidos en la ampliación del parque, y que los resultados positivos comenzarán a registrarse hacia fines de 2026 o en 2027.
Respecto a la demanda en tribunales de Nueva York, el funcionario indicó que los acreedores buscan ampliar el litigio a tribunales de Massachusetts, pero remarcó que no existe posibilidad de ejecución de sentencias en Argentina. “La soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del estado de Massachusetts en la República Argentina”, aseguró.
Luna Corzo ratificó la voluntad de diálogo con los acreedores y con el Gobierno nacional, aunque señaló que falta predisposición por parte de la Nación. “La voluntad de diálogo de nuestra parte siempre estuvo. Lo que está faltando es la predisposición por parte de la Nación”, concluyó.