La Cámara alta debatió este jueves el ingreso de cerca de 70 pliegos para la Justicia, aprobó una ley para regularizar la tenencia de armas de fuego y prorrogó el mandato de Carlos Mahiques, mientras que el acuerdo con fondos buitre por 171 millones de dólares fue devuelto a comisión.
El Senado sancionó la ley de Regularización de Armas de Fuego con 40 votos a favor y 26 en contra. A pedido del peronismo, el temario se dividió en cuatro votaciones separadas. El artículo que prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027 fue el único que obtuvo respaldo unánime de los 66 senadores presentes.
El resto del articulado se aprobó con los votos de la coalición oficialista integrada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales. El peronismo votó en contra de los artículos centrales, aunque acompañó el de entrega voluntaria, una política con décadas de consenso entre gobiernos de distintos signos.
La norma tiene una historia extensa. Fue impulsada originalmente por Patricia Bullrich cuando ocupaba el Ministerio de Seguridad y obtuvo media sanción en Diputados en octubre de 2024 con 142 votos a favor. Desde entonces aguardaba tratamiento en el Senado, donde corría riesgo de perder estado parlamentario. El Gobierno necesitaba que se aprobara esta semana para evitar reiniciar todo el trámite legislativo desde cero.
La entrega de armas no registradas puede hacerse de forma anónima, sin consecuencias legales para quien las entregue, y la ANMaC habilitará un cupón de pago canjeable por efectivo como incentivo económico. Los titulares de armas no autorizadas tendrán 360 días para presentarse ante el organismo.
En la misma sesión, el Senado aprobó la prórroga por cinco años de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, con 58 votos a favor y 11 en contra. El magistrado, padre del actual ministro de Justicia, renovará su mandato pese a estar próximo a cumplir los 75 años, el límite constitucional para ejercer la magistratura. La convocatoria para tratar su pliego fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria entre representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y espacios provinciales. La agenda también incluyó el ingreso de unos 70 pliegos judiciales.
Además, estaba previsto el tratamiento de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares. La iniciativa contemplaba un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantienen judicializada deuda soberana desde el default de 2001 y no adhirieron al acuerdo firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Ambas compañías iniciaron un litigio para cobrar esa deuda mediante acciones del Estado en el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF. Aunque el plazo acordado con la Justicia estadounidense vencía el 30 de abril, se obtuvo una prórroga hasta el 31 de mayo. Sin embargo, el proyecto deberá volver a comisiones tras la presentación de una iniciativa alternativa por parte del bloque peronista mayoritario.