La diputada nacional respaldó el congelamiento de tarifas y la reducción en viviendas sociales como medidas de justicia social en La Rioja.
En este sentido, respaldó la determinación del Ejecutivo riojano de congelar las tarifas de luz, agua, transporte y conectividad hasta el 31 de agosto. Para la legisladora, esta medida no es una casualidad técnica, sino un acto de defensa de la justicia social en un momento donde el bienestar de la gente debe ser la prioridad absoluta de la gestión pública.
La diputada subrayó que el congelamiento de tarifas y la reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales de la APVyU son hechos concretos que marcan una distancia humana con las políticas de ajuste que se impulsan desde el orden nacional. “En La Rioja el Gobernador ha elegido estar al lado de cada riojano y riojana que hoy la está pasando mal por las políticas de ajuste. Nuestra prioridad es asegurar que el costo de vida no se convierta en una barrera para el desarrollo ni en una angustia para quienes más sufren”, remarcó.
Luego destacó que esta previsibilidad económica es vital para sostener el consumo local y la tranquilidad en los hogares riojanos. Frente a la avanzada de modelos que proponen la desregulación total y el abandono de las funciones del Estado, La Rioja se consolida como un ejemplo de federalismo activo y compromiso social. “No vamos a permitir que la incertidumbre nacional dicte el destino de nuestra gente; aquí hay un Estado que interviene con responsabilidad para que el acceso al agua, la energía y la vivienda sigan siendo derechos humanos garantizados y no simples gastos en Excel”, afirmó la diputada nacional.
Finalmente, la legisladora reafirmó que la unidad de acción en la provincia es la herramienta más fuerte para resistir cualquier intento de asfixia financiera externa. “La decisión de nuestro Gobernador es una señal de esperanza y una muestra de que, con coraje político, se puede cuidar el bolsillo de la gente sin renunciar a nuestras convicciones”, concluyó.