La dependencia de la coparticipación y la caída en la recaudación local llevan a municipios pequeños a buscar alternativas de emergencia, como la venta de terrenos públicos, para cubrir sueldos y evitar conflictos gremiales.
El principal factor de asfixia financiera en los municipios pequeños radica en su estructura de ingresos. La dependencia de la coparticipación —fondos que se distribuyen desde el gobierno nacional y provincial— representa entre el 70% y el 80% de sus recursos totales. Ante la caída de estas transferencias y el recorte de fondos discrecionales, el margen de maniobra se ha reducido a niveles críticos.
Esta situación se ve agravada por una caída en la recaudación local. Los vecinos, afectados por la pérdida del poder adquisitivo, han dejado de priorizar el pago de tasas municipales, cuya cobrabilidad ha descendido notablemente en los últimos meses.
La estructura de gastos de los municipios pequeños es, por naturaleza, difícil de ajustar. En muchos casos, casi la totalidad de los ingresos mensuales se destina exclusivamente al pago de sueldos de la planta permanente. Con presupuestos que apenas logran cubrir la nómina salarial operativa, el pago de compromisos extraordinarios, como el aguinaldo, se vuelve una meta inalcanzable.
Ante esta realidad, la estrategia de liquidar lotes municipales surge como una salida de emergencia. Se trata de terrenos con servicios esenciales (asfalto, gas y cloacas) que se ofrecen a la comunidad en cuotas. Si bien esta medida permite obtener la liquidez necesaria para evitar conflictos gremiales y garantizar la paz social, representa una descapitalización del Estado local para cubrir gastos corrientes.
Mientras los recursos disminuyen, la demanda social en los despachos municipales no deja de crecer. Los intendentes reportan un incremento significativo en los pedidos de ayuda directa: desde asistencia para traslados de salud hasta la provisión de garrafas y alimentos.
La crisis en municipios como Hernández refleja un agotamiento del modelo financiero actual. Cuando el patrimonio público se convierte en la única fuente para financiar el día a día, se evidencia que el sistema está operando al límite de sus posibilidades, dejando a las comunidades locales en una situación de incertidumbre de cara al segundo semestre del año.