El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados identificó una red de sobrefacturación y prestaciones fantasma en el área oftalmológica que afecta a varias provincias, incluida La Rioja.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) dio a conocer los resultados de una auditoría que reveló una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas en distintos puntos del país, entre ellos La Rioja. Los relevamientos, realizados mediante cruces de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, detectaron patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.
La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más extendida fue la sobrefacturación de anteojos: los prestadores recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. Según el informe, un módulo real tiene un valor de $4.941, mientras que los módulos facturados llegaron a $27.204. A esto se suman las prestaciones fantasma, donde hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico.
En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones y se detectó un vínculo familiar directo entre el médico derivante y el titular de la óptica. En Entre Ríos, los auditores describieron una situación de facturación sin sustento médico real, tras hallar 613 casos de sobrefacturación y recetas emitidas sin dioptrías.
Estas maniobras se enmarcan en un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas. Fuentes del Instituto señalaron que la gestión actual investiga y denuncia los abusos, con el objetivo de sanear el sistema. Uno de los expedientes más avanzados radica en Rafaela, Santa Fe, donde se pidió el juicio oral para un médico y una farmacéutica por confeccionar 636 prescripciones apócrifas. El fraude se constató al rastrear las direcciones IP de las recetas electrónicas, que correspondían a computadoras ubicadas en el domicilio comercial de la farmacia.
Otros hallazgos incluyeron volúmenes de atención imposibles, como un cardiólogo que registró 689 órdenes en un solo día, equivalente a jornadas de hasta 108,7 horas diarias. La serie de auditorías comenzó bajo la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir halló un déficit de 92.000 millones de pesos. Como contrapartida, la administración recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios, eliminando gran parte de la estructura jerárquica y centralizando la compra de insumos para evitar la cartelización. El organismo implementó controles más estrictos y monitoreos permanentes para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los beneficiarios.