La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con el decomiso de propiedades de la ex presidenta y otros condenados para cubrir el monto fijado en el fallo por administración fraudulenta.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes ejecutar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, como parte del proceso para recuperar los fondos desviados en la causa Vialidad. La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y a sus hijos, así como a más de 80 inmuebles de otros implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y sus empresas.
La decisión, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se enmarca en una condena ya firme que incluye prisión domiciliaria para la ex mandataria y el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias actualizadas con el tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.
Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, argumentando que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos antes del período investigado. Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad constató un esquema de corrupción con contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
