La jueza de Familia y Penal Juvenil, Yvana Alarcón Rearte, ordenó restricciones y seguimiento para el joven de 17 años, y también citó a su madre para evaluar las responsabilidades parentales.
Tras la amenaza detectada en el Colegio Provincial N°1, la jueza de Familia y Secretaría Penal Juvenil, Dra. Yvana Alarcón Rearte, ordenó una serie de medidas de cumplimiento obligatorio para el adolescente de 17 años involucrado. El joven, que por su edad posee responsabilidad penal, enfrentará un proceso que incluye restricciones y un seguimiento permanente de su dinámica familiar.
La magistrada explicó que, aunque el hecho pueda ser interpretado como una broma, las repercusiones legales son reales. Las pautas impuestas por el Juzgado son: abstenerse de acercarse al establecimiento educativo, mantener una conducta intachable, cumplir con sus obligaciones escolares y asistir a controles periódicos con profesionales de la salud mental.
El fallo no solo alcanza al menor. La Justicia citó a la madre y tutora del adolescente para establecer sus obligaciones legales. El proceso incluye un estudio detallado de las competencias parentales y la dinámica del hogar, asegurando que los adultos responsables garanticen que el joven se mantenga encausado en su salud y educación.
La jueza Alarcón Rearte destacó que el uso de tecnologías ha dado a los adolescentes una libertad que muchas veces condiciona la supervisión de los adultos. «Nos ocupamos de hacer entender que estas cuestiones que nacen como una broma, devienen en una consecuencia tanto para él como para su tutor a cargo», sentenció.
El caso marca un antecedente en la aplicación del nuevo protocolo interinstitucional, que busca una respuesta inmediata y coordinada entre Educación, Policía y Justicia frente a situaciones de violencia o amenazas en el ámbito escolar.