Una presentación ante la justicia federal y una iniciativa legislativa del Ejecutivo nacional centran la atención en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, generando reacciones y movilizaciones.
Una denuncia penal fue presentada ante un juzgado federal por el abogado Javier Garín, en representación de familias y entidades vinculadas al área de discapacidad. La presentación alcanza al Presidente de la Nación, al ministro de Salud, Mario Lugones, y a otros funcionarios del área, acusándolos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
Según el escrito, los denunciantes sostienen que desde el inicio de la actual gestión se profundizó un ajuste en programas esenciales, impactando en tratamientos, medicamentos y cobertura médica. Las organizaciones involucradas aseguran que los recortes afectaron el pago de prestaciones y la continuidad de servicios, además de señalar demoras en autorizaciones, deuda con prestadores y una reducción en la asistencia estatal.
En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”. La iniciativa establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas y fija nuevos requisitos para acceder al beneficio.
Entre los principales cambios, el texto contempla que todos los titulares deberán actualizar información médica, personal y patrimonial en un plazo determinado, bajo riesgo de suspensión del pago. También plantea que la pensión sea incompatible con el empleo formal y propone que el monto del beneficio pase a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Distintas organizaciones del sector advirtieron que la iniciativa podría profundizar la crisis en el sistema, argumentando que instala sospechas generalizadas sin presentar pruebas públicas sobre un presunto fraude. En ese contexto, convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud para reclamar por el atraso en pagos, la actualización de aranceles y el freno a la reforma.
La combinación de la denuncia penal y el nuevo proyecto legislativo abre un frente de debate político y social, mientras crecen los cuestionamientos sobre el impacto de las medidas en uno de los sectores más vulnerables.