Autoridades provinciales ratificaron la voluntad de pago a los bonistas del Bono Verde y aseguraron que no existe riesgo de ejecución sobre esos activos estratégicos, al tiempo que vincularon las dificultades financieras a la falta de transferencias de fondos nacionales.
El Gobierno de La Rioja salió al cruce de versiones que advertían sobre un posible riesgo de embargo sobre activos provinciales estratégicos, como el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, en el marco de la situación del Bono Verde. En una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se descartó de plano esa posibilidad y se ratificó la voluntad de cumplir con los compromisos asumidos con los bonistas.
«Queremos llevarle tranquilidad a la sociedad riojana respecto de estas versiones que han circulado, vinculadas a una posibilidad que nosotros descartamos de plano: que el Banco de La Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución», afirmó Luna Corzo. Las declaraciones se dieron en respuesta a publicaciones en medios nacionales e internacionales que analizaban el litigio que la Provincia mantiene con bonistas en tribunales de Estados Unidos por incumplimientos registrados desde el año pasado.
El funcionario reconoció un atraso en los pagos del Bono Verde, lo que obligó a iniciar un proceso de reestructuración de la deuda que ya lleva más de un año. «No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento», remarcó. Sin embargo, vinculó las dificultades financieras directamente con «el incumplimiento en la transferencia de fondos que le corresponden a la Provincia» por parte de la Nación.
En paralelo, el Gobierno defendió la emisión del Bono Verde como una herramienta de inversión productiva, cuyo principal resultado es el Parque Eólico Arauco. Según detalló Luna Corzo, el complejo alcanza actualmente una capacidad de 250 megavatios de generación eólica y en abril se incorporarán otros 50 megavatios de energía solar, totalizando 300 MW. De ese total, 100 MW fueron transferidos a una empresa privada, mientras el resto permanece bajo control provincial.
Los recursos generados por el parque, explicó, han sido reinvertidos en su ampliación, por lo que se espera que los resultados positivos comiencen a verse hacia fines de este año y con mayor claridad en 2027. «La principal fuente para garantizar ese pago va a ser la propia producción de energía del parque», afirmó en relación al repago del bono.
Respecto a la estrategia judicial, el jefe de Gabinete reiteró que la demanda en tribunales de Nueva York forma parte del escenario de negociación y que el objetivo es «reestructurar en una curva que dé seguridad tanto a los bonistas como a la Provincia».