Una denuncia periodística señala que Federico Furiase habría utilizado una línea crediticia destinada a primera o segunda vivienda para adquirir una tercera propiedad en un country.
Una denuncia periodística puso en el centro de la escena al crédito hipotecario que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo del Banco de la Nación Argentina (BNA). Según la información revelada, el funcionario habría utilizado este préstamo, cuyas líneas están destinadas a primera o segunda vivienda, para adquirir una tercera propiedad.
El periodista Alejandro Bercovich señaló en un programa de C5N que Furiase utilizó el crédito para comprar una vivienda valuada en unos 300 mil dólares en el country Los Pilares, ubicado en la localidad de Pilar. La propiedad contaría con 200 metros cubiertos, un terreno de 880 metros cuadrados y pileta.
«Esta línea de crédito habilitaba no solo primeras viviendas sino también segundas viviendas. Pero en este caso, Furiase no sólo tenía una vivienda a su nombre en Ramos Mejía, que está en su declaración jurada, sino que tenía dos casas. O sea que este préstamo fue para la tercera vivienda», afirmó Bercovich.
El crédito, por un monto aproximado de 280 mil dólares, fue gestionado en agosto de 2025, cuando Furiase se desempeñaba como director del Banco Central (BCRA). Esta circunstancia genera cuestionamientos, ya que el BCRA es el organismo encargado de regular la actividad de los bancos, incluido el BNA. Además, se señala que la tramitación habría comenzado entre junio y julio de ese año, coincidiendo con medidas del BCRA que impactaron en la volatilidad financiera y las tasas de interés.
Furiase ya contaba con un crédito hipotecario anterior, obtenido en 2017 en el Banco Ciudad por un equivalente a unos 106 mil dólares. El sueldo de un funcionario de su rango ha sido puesto en duda para afrontar los pagos de ambos préstamos simultáneamente.
Ante el crecimiento del escándalo, el presidente Javier Milei defendió a los funcionarios que tomaron créditos del BNA. En una entrevista, argumentó que dichas operaciones no vulneran los principios de «vida, libertad y propiedad» que su gobierno establece como valores morales de Estado.
El caso se enmarca en una serie de denuncias por la concesión de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores, lo que ha generado debates sobre posibles injerencias políticas y conflictos de interés.