El financiamiento de los Bomberos Voluntarios enfrenta desafíos por la desactualización de fondos provinciales y transferencias nacionales incompletas, en un contexto de alta demanda operativa.
El financiamiento de los Bomberos Voluntarios en la provincia de Buenos Aires es objeto de debate, con responsabilidades que involucran a Nación, Provincia y municipios. La discusión se centra en fondos desactualizados y transferencias pendientes, en un escenario donde los cuarteles operan al límite de su capacidad.
En la Legislatura bonaerense avanza un proyecto de la diputada radical Priscila Minnaard para modificar la Ley 14.761. La iniciativa busca actualizar el fondo provincial destinado a los bomberos, cuyo monto máximo no se modifica desde 2021. La propuesta eleva ese tope a 700 millones de pesos y establece un mecanismo de actualización automática anual.
Actualmente, el fondo se integra con el 3% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario a través de ARBA, además de donaciones y otros aportes. Según la legisladora, este esquema quedó desfasado frente al aumento de costos operativos. En la provincia funcionan unas 268 asociaciones con personería jurídica, que sostienen más de 300 cuarteles y destacamentos en los 135 municipios, con cerca de 17.500 bomberos voluntarios.
De acuerdo a las estimaciones del proyecto, cada asociación recibe entre 2,5 y 3,5 millones de pesos al año, distribuidos en dos pagos semestrales. En distritos extensos, donde un mismo cuerpo cubre varias localidades, esos recursos se dividen entre el cuartel central y sus destacamentos.
En paralelo, existe preocupación por los fondos nacionales previstos por la Ley 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde la Legislatura bonaerense se expresó «profunda preocupación» por la falta de transferencia completa de los recursos correspondientes a 2025. Según los proyectos presentados, el Gobierno nacional realizó pagos parciales, pero no giró el remanente que habitualmente se transfiere hacia fin de año.
Los números reflejan la situación: para 2025 se habían previsto más de 52 mil millones de pesos, pero se ejecutaron poco más de 40 mil millones. Para 2026, los envíos proyectados rondaban los 129 mil millones, aunque hasta ahora se giraron cerca de 120 mil millones.
A nivel local, las consecuencias ya se sienten. Desde Pehuajó, el presidente de la asociación de bomberos, Raúl Brisoliz, aseguró que mantienen una deuda de 33 millones de pesos de 2025, a lo que se suman cerca de 94 millones correspondientes a este año. En distritos como Carlos Casares, el panorama es similar.
El reclamo legislativo también insta al gobierno provincial a gestionar ante la administración nacional la transferencia urgente de los fondos adeudados, en medio de una temporada crítica marcada por la sequía y los incendios.
La discusión también escala a nivel municipal. En Pergamino, el Concejo Deliberante aprobó recientemente un subsidio de 50 millones de pesos para los Bomberos Voluntarios, una cifra que quedó por debajo del pedido original de la institución.
El senador provincial Juan Manuel Rico Zini analizó el escenario y remarcó que el problema de financiamiento «no es nuevo». Según explicó, durante años existió un cargo específico en la factura de luz destinado a los bomberos, que fue eliminado. «Eso generó un primer conflicto importante, porque se le cortó una fuente de financiamiento directa a la institución», señaló. Desde entonces, el sostenimiento quedó atado principalmente a subsidios municipales.