En medio de debates internos y análisis de riesgos financieros, se discute la posibilidad de modificar la fecha de los comicios. La iniciativa enfrenta desafíos constitucionales y busca, paralelamente, cambios en el sistema electoral.
Un debate interno dentro del oficialismo divide posiciones entre quienes proponen mantener las elecciones presidenciales en octubre y quienes impulsan un adelantamiento. Los primeros confían en una mejora económica para ese entonces, mientras que los segundos advierten sobre riesgos financieros y la necesidad de despejar la incertidumbre política.
El argumento central de quienes promueven el adelantamiento se basa en evitar una reacción negativa de los mercados, especialmente ante vencimientos de deuda externa por USD 28.000 millones en 2027. El objetivo sería mantener el acceso a los mercados voluntarios de deuda.
Estratégicamente, un adelanto electoral, junto con la posible eliminación de las PASO, buscaría afectar la capacidad de la oposición para consolidar una candidatura única. No obstante, este plan choca con un obstáculo jurídico: el artículo 95 de la Constitución Nacional, que fija la elección dentro de los 60 días previos al fin del mandato. Expertos señalan que un cambio requeriría una reforma constitucional, un proceso complejo dada la fragmentación actual del Congreso.
La discusión ya tiene eco en provincias y en el ámbito legislativo. Algunos gobernadores y legisladores oficialistas confirman el debate abierto, mientras sectores de la oposición peronista instan a prepararse para un posible escenario de elecciones anticipadas en el primer semestre de 2027.
En paralelo, el Gobierno avanza con reformas electorales que no requieren cambios constitucionales, como la implementación de la boleta única y la supresión de las PASO, medidas que podrían modificar la dinámica de la próxima contienda presidencial.