El personal legislativo cerró su paritaria esta semana con un aumento escalonado retroactivo a diciembre de 2025 que acumulará una suba del 12,5% para cuando termine de aplicarse, en mayo de 2026. Entre de los beneficiados están los miembros del Senado, que verán sus dietas elevarse a más de $ 11.000.000 en bruto.
Hasta este mes los senadores y las senadoras tenían asignado un sueldo mensual de $ 10.200.000 en bruto, que quedaba en unos $ 8.100.000 tras el descuento de aportes y el pago del Impuesto a las Ganancias.
La mayoría de los titulares de las bancas del Senado resolvió rechazar o donar los aumentos percibidos gracias a la negociación gremial, y hoy en día perciben $ 9 millones en bruto.
Pero a partir del acuerdo paritario entre los gremios y el Estado la «dieta» de los senadores y las senadoras tendrán el mismo aumento escalonado en retroactivo desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026.
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Así se aplicarán los aumentos al personal del Senado
- 2% retroactivo a diciembre de 2025
- 2,5% de aumento retroactivo a enero 2026
- 2,2% retroactivo por febrero
- 2% en marzo, a cobrar en abril
- 1,7 % aplicado en abril
- 1,5 % en mayo
La dieta de los senadores y las senadoras se calcula teniendo en cuenta el valor del módulo, que es de $ 2554,849 a noviembre de 2025.
A los 72 representantes de las fuerzas políticas les toca una dieta de 2.500 módulos, como básico, a los que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo.
El acuerdo paritario ya fue firmado por el secretario Administrativo del Senado, Alejandro Fitzgerald, y por el secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustiniani.
Otro tanto ocurrió en la Cámara de Diputados, donde si bien la dieta de los legisladores está separada de los acuerdos paritarios el resto del personal depende de la negociación colectiva entre gremios y Estado.
Así, las secretarias Administrativa y Parlamentaria de Diputados, Laura Oriolo y Adrián Pagán, pusieron su firma en el mismo documento donde también estamparon su sello por la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, Felipe Sanz y Elena Ferreyra; por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Claudio Britos; y Martín Roig, miembro de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El acuerdo estipula que «en virtud de la responsabilidad política», las partes se comprometen a otorgar el aumento «en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias».
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