Un nuevo informe de la Fundación Colsecor refleja que docentes universitarios realizan pluriempleo para poder llegar a fin de mes y presupuestos universitarios aprobados por ley que no se cumplen. Enumera unas 90 obras paralizadas en varias casas de estudios repartidas por el país y destacada que el salario perdió un 40% de poder adquisitivo desde el 2024.
La canasta básica se encareció 17 veces en cuatro años y el salario mínimo ya no alcanza ni para un mes
El impacto no se limita a las aulas. En muchas ciudades del interior, la universidad es el principal empleador formal y un motor de la economía local. Cuando el financiamiento se deteriora, el ajuste no queda puertas adentro: se frenan obras, se fragmenta la dedicación docente y se debilita el vínculo entre la institución y su comunidad.
Obras que no avanzan
Cuando las partidas se recortan, las consecuencias más concretas aparecen en los campus: licitaciones trabadas, mantenimiento postergado y construcciones paralizadas. El año pasado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que más de 90 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria permanecían sin avanzar en todo el país.
Los casos son elocuentes. En la Universidad Nacional de San Martín, la construcción de la Torre de Innovación Científico-Académica se detuvo tras diciembre de 2023 y solo pudo retomarse mediante un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para reactivar fondos. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, la obra de la Biblioteca debió paralizarse directamente por falta de financiamiento nacional.
No se trata de proyectos suntuarios. La infraestructura universitaria incluye bibliotecas, laboratorios, comedores, residencias, hospitales y colegios preuniversitarios. Cuando esa infraestructura no crece ni se mantiene, lo que se resiente es la capacidad de albergar más estudiantes, de hacer investigación y de sostener servicios comunitarios.
Docentes que buscan rebusques
El otro lado del ajuste es más silencioso pero igual de profundo. Según estimaciones de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, el salario docente acumuló una pérdida del 40,5% en términos reales entre 2024 y 2025, lo que equivale a siete sueldos perdidos en ese período. El último aumento dispuesto por el gobierno, tras un año sin actualizaciones, llegó en febrero de este año: un 2% y un bono por única vez de 12.500 pesos para quienes tienen dedicación simple.
El resultado es que una parte significativa de la planta docente percibe ingresos por debajo de la canasta mínima. No hay estadísticas oficiales consolidadas sobre el fenómeno, pero tanto la CONADU como autoridades del CIN han advertido públicamente sobre una tendencia creciente: docentes que acumulan horas en varias instituciones, migran hacia universidades privadas o complementan sus ingresos con otras actividades, como el transporte de pasajeros o la venta de alimentos.
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Es un proceso difícil de medir con precisión, pero observable en la vida diaria de las facultades. Cuando el salario pierde poder de compra de forma sostenida, la dedicación académica se fragmenta: queda menos tiempo y energía para investigar, acompañar estudiantes o sostener proyectos de largo plazo con la comunidad.
Un conflicto que excede el presupuesto
El trasfondo de todo esto es un conflicto institucional sin precedentes en la etapa democrática reciente. El Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que establece mecanismos automáticos de actualización de partidas y recomposición salarial. El presidente Javier Milei la vetó. El Congreso insistió, y la Justicia ordenó su aplicación inmediata. Aun así, el Poder Ejecutivo decidió no implementarla y presentó un proyecto alternativo que fue rechazado por gremios y rectores. Paros y movilizaciones siguieron como respuesta.
Con más de cuatro siglos de historia —la Universidad Nacional de Córdoba fue fundada en 1613— el sistema universitario público argentino reúne hoy a más de 2,5 millones de estudiantes en más de 60 instituciones. En muchas ciudades del interior, la universidad es además el principal empleador formal y un motor de la economía local. Lo que está en juego, entonces, no es solo el calendario académico: es la continuidad de un modelo que históricamente funcionó como palanca de movilidad social y desarrollo territorial.