Tras las nuevas denuncias sobre la existencia de reportes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre las actividades y movilizaciones de organizaciones, sindicatos y líderes de la oposición, la comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia volverá a reunirse la semana próxima para tratar éste y otros temas que referidos a un área que controla el asesor Santiago Caputo a través de un delegado como Sergio Neiffert.
El órgano parlamentario, presidido por el senador radical Martín Lousteau, se había reunido por última vez en junio pasado cuando recibió al propio Neiffert para consultarlo por los alcances del Plan de Inteligencia Nacional pero las respuestas del jefe de los espías no terminaron de conformar a los diputados y senadores. Por este motivo, el cuerpo volvería a citar al ex funcionario de Malvinas Argentinas.
Pero su asistencia no está confirmada para el próximo encuentro de la Bicameral: este lunes Lousteau convocará a los integrantes del cuerpo para fijar una fecha la semana entrante y, de esa forma,volver a sesionar sobre temas «que revistan seriedad», como la filtración de reportes de inteligencia. El temario, no obstante, es secreto por ley pero fuentes consultadas descuentan que éste y otros temas serían parte de la agenda a discutir.
Uno de los informes, divulgados por La Nación este domingo, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, dio cuenta de cuáles serían las actividades políticas de dirigentes peronistas, radicales, de la izquierda y de La Cámpora para el feriado del Día de la Independencia; el mismo fue redactado por la Agencia de Seguridad Nacional a cargo del ex comisario Alejandro Cecati.
El reporte, fechado el 8 de julio, dio cuenta de una reunión entre el dirigente «amarillo» Néstor Grindetti y el diputado radical Facundo Manes. El mismo día de la publicación del escrito, según fuentes consultadas, varios funcionarios jerárquicos de la SIDE se reunieron en una «parrilla» para discutir temas referidos al organismo de inteligencia.
Como sea, la Bicameral de Inteligencia está controlada por el sector más crítico de la oposición porque, además de Lousteau, la integran 6 legisladores de Unión por la Patria como los senadores Eduardo De Pedro, Oscar Parrilli y Florencia López; y los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. A ellos se suman la radical Mariela Coletta del bloque Democracia para Siempre, que responde al titular de la UCR.
En el Gobierno, en tanto, salieron a minimizar las suspicacias sobre el informe de inteligencia: no confirmaron su existencia y deslizaron que podría haber sido elaborado por «electrones sueltos», misma metáfora que hace poco se utilizó para denominar a los usuarios de redes sociales que cuestionaron a los candidatos de Provincia de LLA bendecidos por el armado político de Karina Milei.
Además, le quitaron relevancia a dichos reportes que «parecen hechos con recortes periodísticos». Al respecto, advirtieron que «el propio documento denota que no había recursos reales puestos a mirar lo que hace o no la oposición sino que partieron de algún «entusiasta» de adentro pretendiendo hacer lo que cree que es su trabajo».
Con todo, en el armado libertario hubo inquietud por el temor a ser blanco de intercepciones de sus comunicaciones por parte de agentes vinculados al aparato de inteligencia. De hecho, una fuente bonaerense consultada por este diario admitió haber sido víctima de intercepciones de sus comunicaciones.
También en las últimas horas el usuario de X @criminaalmambo, identificado como Samuel González, detectó un patrón irregular de consultas excesivas sobre su información personal en bases de datos oficiales. A través de pedidos de acceso a la información a organismos como como RENAPER y firmas como NOSIS , obtuvo registros que revelan «accesos reiterados y sin justificación aparente por parte de distintos organismos estatales como «el SIFCOP, Ministerio de Seguridad (Inteligencia Criminal), la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (con 49 accesos)» sobre su persona. Estos accesos, al no estar vinculados a una investigación judicial notificada ni a una causa formal conocida, podrían configurar distintos delitos o irregularidades administrativas. González analiza llevar su caso a la justicia.