Se está por debatir la ley de Presupuesto Quinquenal en el Poder Legislativo y las organizaciones feministas comenzaron a presionar para exigir más subsidios y privilegios.
Pretenden que con el dinero de todos los contribuyentes uruguayos se sigan financiando sus organizaciones.
¿Que es la ley de Presupuesto?
La Ley de Presupuesto Nacional es un instrumento legal aprobado por el Poder Legislativo cada cinco años, al inicio de un nuevo período de gobierno, que establece las previsiones de ingresos y gastos públicos para el quinquenio.
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Este proyecto es elaborado por el Poder Ejecutivo y refleja el plan de gobierno, asignando recursos a programas y políticas públicas en áreas como salud, educación, salud, seguridad, entre muchas otras cuestiones.
Anualmente, se revisa mediante la Ley de Rendición de Cuentas, que puede ajustar los montos o destinos del gasto público.
Más privilegios
Aprovechando la discusión parlamentaria de la ley de Presupuesto Quinquenal las organizaciones feministas se largaron a la ofensiva.
Pretenden más privilegios y beneficios financiados por la caja del Estado. El feminismo es un negocio y como todo negocio necesita dinero, y el dinero de las organizaciones feministas en Uruguay lo succionan del Estado, es decir de los bolsillos de los contribuyentes que sacrificadamente pagan sus impuestos.
El propósito siempre es financiarse con dinero de los demás nunca producir recursos propios.
Se usa la caja del Estado para succionar dinero que debería destinarse a cuestiones más útiles para la sociedad.
Financiamiento con dinero de los contribuyentes
El financiamiento de las organizaciones feministas básicamente se hace a través de Inmujeres que pertenece al MIDES, pero también en todos los organismos estatales hay «oficinas de género» o «secretarías de diversidad», que realizan convenios con estas organizaciones para inyectarles dinero.
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Es un esquema corrupto que funciona de la siguiente manera: supongamos una organización feminista que posee personería jurídica celebra un convenio con el Ministerio de Ganadería para dictar «talleres de género» a las funcionarias del Ministerio.
El convenio tiene una vigencia de 10 meses y el dinero obviamente lo aporta el Ministerio, es decir que es dinero público de los contribuyentes.
De esta forma esta organización feminista cobra durante 10 meses jugosos dineros que provienen de las arcas públicas.
Desde luego que esos talleres no reportan ninguna utilidad al Ministerio, simplemente es adoctrinamiento en contra los varones, a quienes las feministas culpan de todos sus males.
Este simple ejemplo demuestra cómo operan este tipo de organizaciones.
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Bajo la mentira de «luchar por la igualdad» y «contra la violencia de género», lo único que hacen es financiarse con el dinero de todos, para que una casta de privilegiadas, que son las que dirigen estas organizaciones, se enriquezcan.
Estos convenios con entidades estatales llevan largos años.
Se acrecentaron entre 2005 y 2020 durante los tres gobiernos del Frente Amplio y continuaron bajo el gobierno de Lacalle Pou entre 2020 y 2025.
Todo hace pensar que en el actual gobierno de Yamandú Orsi esto se multiplicará, y este negociado sucio y corrupto continuará financiado con el dinero de todos.