El gobierno de Javier Milei dio un paso más en su intento de militarizar el espacio público y avanzar en la amenaza represiva contra la población. Este jueves, junto a sus ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Luis Petri, el Presidente firmó un decreto que modifica parcialmente dos leyes nacionales y amplía las facultades de las Fuerzas Armadas, habilitándolas formalmente a participar en cuestiones de seguridad interna.
El decreto 1107/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial, asegura que los militares podrán ser desplegados para “proteger” áreas y bienes considerados “estratégicos” por el Poder Ejecutivo. A su vez la Casa Rosada se autoadjudica la facultad de definir qué es y qué no, precisamente, un “objetivo de valor estratégico”. Es decir que todo queda a discreción de los funcionarios de la ultraderecha, sin siquiera tener algún tipo de control o acompañamiento por parte del Congreso.
Las empresas periodísticas afines al oficialismo dicen que la medida ayudaría al Gobierno a mejorar la “seguridad” ciudadana al mandar a militares a custodiar inmuebles y demás bienes del Estado nacional, permitiéndole disponer de más policías federales, gendarmes y prefectos para “combatir el delito” en las calles y barrios del país. Un argumento endeble y, a la vez, cínico.
Los gravísimos hechos ocurridos en las últimas horas en Salta, donde Gendarmería asesinó vilmente al trabajador informal Fernando Gómez, acusándolo de “narcoterrorista” para justificar su fusilamiento, muestra a las claras para qué quiere Le Libertad Avanza contar con más efectivos, patrulleros y balas federales en las calles de las barriadas populares.
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El texto, que lleva las firmas de Milei, Bullrich y Petri, le otorga al Gobierno la potestad de determinar qué constituye una “amenaza terrorista”, lo que profundiza la discrecionalidad de quienes ocasionalmente ocupan la conducción del Estado para determinar sobre qué grupos sociales y/o áreas geográficas se debe descargar la mayor persecución y represión. Precisamente “terrorismo” es un concepto teóricamente controvertido, mundialmente debatido pero históricamente muy usado por todos los gobiernos para justificar sus políticas securitarias y punitivas.
El nuevo decreto contradice de facto la Ley 23.554 de Defensa Nacional (promulgada en 1988) y la 24.059 de Seguridad Interior (promulgada en 1992), que regulan y limitan las intervenciones permitidas de las Fuerzas Armadas. Entre otras cuestiones, esas normas plantean la conformación de un “Comité de Crisis” para situaciones que podrían ameritar la incursión militar fuera y dentro de las fronteras. Por eso hay especialistas que plantean la obligatoriedad de la intervención del Congreso para cualquier modificación en la materia.
Extracto del Decreto 1107/2024 publicado en el Boletín Oficial
La nueva medida establece que, ya habiendo definido un “objetivo estratégico” y qué tipo de “amenaza” (que puede o no ser “terrorista”) se posa sobre él, a simple solicitud del Ministerio de Seguridad su par de Defensa puede disponer el envío de militares para colaborar en la protección de edificios, predios y demás bienes del Estado.
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A priori, desde ahora a Milei y sus funcionarios se les puede antojar el traslado de tropas del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea a áreas “estratégicas” tan diversas como Vaca Muerta (Neuquén), las centrales nucleares de Atucha (Zárate) o Embalse (Córdoba), la Triple Frontera o cualquier despacho gubernamental ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Un despropósito, por donde se lo mire.
El concepto de “objetivo de valor estratégico” está mencionado originalmente en la ley de Defensa, pero no en la de Seguridad Interior. Además de no aportar a la precisión y delimitación de sus alcances, ahora el Gobierno mete por la ventana el concepto también en esta segunda norma.
Como toda definición, el decreto dice que la categoría de “objetivo estratégico” abarca a “bienes, instalaciones o entidades materiales esenciales para el Estado nacional, cuya afectación o destrucción podría causar graves perjuicios a la población, la economía, el ambiente o la seguridad nacional”. Es decir, cualquier cosa podría serlo, de acuerdo al capricho o la arbitrariedad oficial. De hecho se explicita que llamarle o no a algo así será atribución exclusiva del Ejecutivo.
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Según afirma el texto, las fuerzas de “seguridad” federales podrán recurrir a las Fuerzas Armadas frente a “amenazas y agresiones” provenientes de actores estatales, paraestatales o criminales, tanto nacionales como internacionales, en situaciones de paz, guerra o conmoción interna. Así, bajo el eufemismo de “estrategia de Seguridad Nacional” se le da un margen de maniobra a los militares mucho más grande que el que tuvieron durante décadas.
Al firmar este decreto, probablemente el Gobierno esté pensando en contar con una mayor capacidad represiva ante un eventual contexto de protestas sociales y conflictos laborales crecientes, producto de sus mismas políticas económicas de ajuste, saqueo y una más intensa transferencia de riquezas desde la población de conjunto hacia los sectores más concentrados del poder a los que sirve La Libertad Avanza.
El avance normativo, de hecho, se inscribe en la retórica retorcida de Milei y compañía, que en su primer año de gobierno viene insistiendo en que sectores políticos, sindicales y sociales opositores realizan “acciones desestabilizadoras” contra él y, supuestamente, buscan socavar al Estado y “las instituciones democráticas”. Él mismo en diversas ocasiones calificó de “intenciones golpistas” críticas y movilizaciones, incluyendo algunas provenientes del propio espacio libertariano.
Más allá de las palabras, a ese discurso también lo acompañan acciones. Como pasó el 12 de junio, durante una protesta masiva frente al Congreso contra la votación de la Ley Bases. Tras la detención ilegal de 33 personas mediante una “cacería” de las fuerzas federales, la Oficina del Presidente acusó a los detenidos de “terroristas” que querían “un golpe de Estado”. Al ser liberados y, finalmente, sobreseídos por falta de pruebas, esa causa armada por Patricia Bullrich y el fiscal de Comodoro PyCarlos Stornelli quedó al descubierto. Un ejemplo claro de los alcances bizarros y a la vez peligrosos de los berrinches oficiales.
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Como se informa en otra nota de este diario, Amnistía Internacional acaba de publicar un informe donde detalla la cantidad de heridos y heridas, los periodistas atacados y las agresiones a las infancias durante las represiones del Gobierno ejecutadas a lo largo del año. “Es un retroceso en el derecho a la protesta”, resalta el prestigioso organismo de derechos humanos que analiza la situación en todo el mundo.
Sin embargo, las intenciones de Milei, Bullrich y Petri plasmadas en el decreto 1107 pueden chocar contra su propia improvisación. Es que tras la derrota de la guerra en Malvinas y la enorme y sostenida condena social recibida por la ejecución del genocidio contra parte de la población, en las Fuerzas Armadas no cuaja mucho la idea de involucrarse en acciones represivas internas. Incluso en gobiernos anteriores hubo iniciativas para hacerlas participar en diversas acciones “logísticas” entre la población, pero la resistencia desde adentro frustró esos planes.
Es cierto que la gestión de Milei y su vice Victoria Villarruel (heredera biológica e ideológica de la familia militar) provocó un cambio en el humor de las tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Al negacionismo oficial sobre el genocidio se sumó la reivindicación explícita de lo hecho por los genocidas, volviendo a calificar como eventuales “excesos” la tortura sistemática, el robo de cientos de niñas y niños, la desaparición forzada de 30 mil personas y el reparto canalla del botín sustraído a cada una y uno de los secuestrados.
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Pero esa simpatía no se traduce de forma mecánica en apoyo a todas las ocurrencias del gatito mimoso del poder y sus esbirros. Incluso las fuentes conocedoras del asunto afirman que una de las razones de la feroz interna entre Milei y Villarruel (que por momentos alcanza tonos rupturistas) es, precisamente, el trato de la Casa Rosada hacia los verdaderos intereses de los sectores militares, especialmente en lo que hace a sus privilegios económicos y al reclamado “borrón y cuenta nueva” sobre los crímenes de lesa humanidad.
Pero con más o menos interna, lo que queda en evidencia es la intención de La Libertad Avanza de posicionar a las Fuerzas Armadas como posibles actores de peso para intervenir en acciones represivas arbitrariamente calificadas de “antiterroristas” contra sectores de la población civil. Eso, de por sí, es grave. Nada bueno puede venir de medidas como ésta para las mayorías trabajadoras. Por eso debe ser repudiado de todas las formas posibles.
Resta saber si ésta es otra de las sobreactuadas “bombas de humo” a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de les hermanes Milei o si realmente pasarán de las palabras a los hechos. Sea como sea, habrá que prepararse para enfrentarlos.
