Y de repente me encuentro con que luego de tantos años de agonía y tristeza, pero también de pequeñas batallas ganadas, nuevamente entro en una temporada oscura y temerosa. Parece que 48 años de lucha fueron en vano. Porque el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, redujo las penas de los asesinos de mi madre desaparecida durante la última dictadura militar.
El gobierno de Milei dijo que venía a cambiar la historia y, por cierto, lo está logrando. Destruye todo lo que se construyó en el pasado en materia de derechos humanos y nadie se opone. La oposición, que en otros tiempos supo defender la historia que vivimos, hoy se encuentra enredada en internismos: si Cristina o Quintela, Máximo o Kicillof, y mientras tanto los militares asesinos pueden quedar libres.
La causa que, como hija, me desveló durante tantos años fue conocida como la Masacre de la Imprenta San Andrés en la que, primero, se dictó la condena a prisión perpetua de los tres genocidas involucrados, entre otros casos, por la desaparición de mi mamá Rocío Ángela Martínez Borbolla, española, una de las fundadoras de CTERA, así como también por la desaparición de la hermana embarazada de Víctor Heredia y de 37 compañeros más. Pero hace unos días, de un momento para el otro, todo cambió: los jueces determinaron que no fue exterminio sino homicidio simple.
Sin entender cómo ni por qué se produjo este cambio de caratula, se redujeron las penas. 10 años a los subtenientes Emilio Pedro Morello y Horacio Linari y 12 a Martín Sánchez Zinny, quien intentó matarnos a mi hermano Camilo y a mí. La tenebrosa casualidad de esto es que sus abogados son Ricardo Saint Jean y Laura Olea, los responsables del contacto y logística de la tan polémica visita de un grupo de diputados libertarios a Campo de Mayo y asesores de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que compartí varios debates en TV.
Con esta reducción de las penas, los represores hoy pueden pedir salidas varias y libertad condicional. Para que esto se revierta el fiscal Félix Croust deberá apelar, el juez nos citará, aunque es la misma persona que ya bajó las penas a los que torturaron y asesinaron a mi mamá. Y como si faltara más, Sánchez Zinny me inició una denuncia por falso testimonio, luego de haberlo identificado en la Justicia, solicitando la pena de prisión hacia mi persona, causa que continúa en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Vinieron a cambiar la historia y lo están logrando, aunque de nosotros depende salir y decir basta de organismos de derechos humanos que solo se limitan a repudiar.
Cuando pensé que podía encontrar cierta paz en mi corazón y un respiro en mi cabeza soñando que pronto tendría un lugar para llevarle una flor a mi mamá, retrocedimos miles de casilleros.
Siempre digo que cuando se pierde la esencia de la lucha, todo se complica. No vivo con miedo pero volví a vivir en estado de alerta. En estos meses tuve dos encuentros raros, incómodos e intimidantes. El primero con Saint Jean, que apareció en el barcito donde yo desayuno desde hace años. Jamás lo vi, pero, según me dijo, somos vecinos. Estaba exultante y dos veces me repitió: “Usted, Bárbara, quédese tranquila, porque yo le aseguro que a usted no le va a pasar nada”.
También me aseguró que la denuncia penal contra mí había sido retirada, lo que no es cierto ya que la misma sigue su curso. En este nuevo clima de época, ¿quién asegura que la hija de una desaparecida no pueda ir presa?
Al poco tiempo, en el mismo bar, apareció un personaje que parecía un carapintada y me hablaba del otro lado del vidrio, sabiendo que era imposible escucharlo. Se sentó fuera y me seguía hablando hasta que se levantó y me saludó antes de irse caminando. Nunca más lo vieron los empleados del bar.
Llegué a mi casa aterrada y volví a sentir las palpitaciones que sentía a los 9 años cuando entraron a mi casa y se llevaron a mi mamá. Me pregunto: ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién seguirá gritando: «Señores jueces, Nunca más»?
Soy inorgánica. No creo en nadie más que en mi abogado Pablo Llonto.
El 6 de noviembre los abogados que representan a víctimas de lesa humanidad convocan a Comodoro Py para pedirle a los jueces que aceleren los juicios, porque, de repente, todos pasaron a moverse en cámara lenta.
Tenemos derecho a saber donde están.
Tenemos derecho a empezar a vivir.
Soy Barbara García. Una hija que volvió a vivir a sus 57 años una historia de terror y, lo que es peor, que se siente culpable porque se manche otra vez el nombre de su madre. Una hija que se siente frustrada. Una hija que le pide perdón a su mamá por no poder gritar: ¡se hizo Justicia! Igual, soy una hija que nunca abandonará su lucha.