Cuando fue procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por los delitos de “estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, la por entonces diputada nacional Elisa Carrió celebró con énfasis la resolución y afirmó: “Gran triunfo sobre la justicia corrupta de la provincia de Buenos Aires”. Hoy, a casi ocho años del fallo, el exfiscal general de San Isidro Julio Novo comenzó a ser juzgado por “encubrimiento del narcotráfico”.
Novo, de 72 años y defendido por el abogado Adrián Murcho, comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°3 de San Martín, integrado por los jueces Nada Flores Vega, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers. El Ministerio Público está representado por el fiscal Eduardo Codesido.
No es el único imputado en el banquillo de los acusados. En el debate también son juzgados Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, quienes fueron fiscales generales adjuntos, y las exfuncionarias Melisa Rey y Mariana Busse. Todos llegaron acusados de encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave: el tráfico transnacional de estupefacientes.
En su momento, la jueza Arroyo Salgado entendió que los imputados ayudaron a los autores e instigadores de los homicidios de los ciudadanos colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, y Jorge Quintero Gartner, ocurridos en julio de 2008 en una de las playas de estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, San Isidro, y el asesinato de su compatriota Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado frente a un negocio de venta de jet skies en San Fernando, en febrero de 2009, a “eludir las investigaciones penales y a ocultar el complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de estupefacientes que subyace a los crímenes”.
En la primera audiencia, según informaron fuentes judiciales, se leyó el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, y parte del que presentó el querellante, el fiscal Luis Angelini, quien estuvo a cargo de las investigaciones de los tres homicidios y quien denunció a Novo y a los otros acusados.
En 2018, diez años después del doble crimen de Unicenter, tras un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua Víctor Hugo Ovejero Olmedo, alias Pelado y Jorge Moreyra, apodado Zurdo. Otros tres acusados, Mario Martín López Magallanes, Richard William Laluz Fernández (un exbarra de Boca Juniors fallecido en 2019) y Carlos Gustavo Luaces, fueron absueltos.
Luaces fue socio de Gustavo Juliá, empresario condenado a la pena de 13 años de cárcel en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína, conocido como el “caso del narcojet”.
“El eje central gira en torno a la fundada sospecha de que Juliá y Luaces, socios en la firma Federal Aviation, habrían tomado parte, de algún modo, en el doble homicidio ocurrido en Unicenter, y que en caso de que los fiscales provinciales Diego Grau y Angelini [dependientes de la Fiscalía General de San Isidro] avanzaran sobre tal hipótesis y ahondaran la investigación en torno a los nombrados probablemente habrían salido a la luz inconsistencias que podrían resultar indicativas de las actividades delictivas a los que ellos se encontraban vinculados”, sostuvo la jueza Arroyo Salgado en la resolución en la que procesó a Novo y a sus colaboradores.
Hoy, Angelini no pudo llegar a la primera audiencia por un choque que complicó el tránsito en la ruta Panamericana cuando se dirigía a la sede del tribunal. Participó del inicio del debate conectado virtualmente.
El procesamiento de Arroyo Salgado, además del encubrimiento agravado, incluyó los delitos de “estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La causa contra Novo y sus máximos colaboradores comenzó luego de que Angelini denunciara que el por entonces fiscal general de San Isidro entorpeció sus investigaciones una vez que apareció entre los sospechosos el nombre de Juliá, dado que Busse -una de las imputadas, está casada con el abogado penalista Carlos Broitman, defensor de Juliá y Luaces.
Para el fiscal Domínguez, la hipótesis criminal fue “dar cobertura a la narcocriminalidad que conforma el contexto de los ciudadanos colombianos y su vinculación con la actividad de narcotráfico de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá [los dos fueron condenados a 13 años de prisión en Barcelona] detectada en España”.
Según Domínguez, el encubrimiento se llevó adelante por medio de diversos actos ilícitos “pergeñados y ejecutados” desde la Fiscalía General de San Isidro y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de San Fernando [donde se desempeñó Busse] por todos los imputados en forma escalonada y coordinada, consistentes en la desafectación de funcionarios encargados de la investigación, en la quita o no asignación de personal y de recursos, en situaciones de amedrentamiento y de violencia psicológica laboral, entre otros”.
Para Domínguez, el doble homicidio del shopping Unicenter, ocurrido el 24 de julio de 2008, habría sido ejecutado por orden de integrantes del cartel del Norte del Valle, en Colombia, quienes se valieron de Julián Jiménez Jaramillo, nieto de uno de los líderes del cartel, como entregador, “ejecutando los asesinatos por medio de mano de obra local que habría sido reclutada por el binomio Juliá-Luaces”.
El juicio debía continuar el jueves próximo, pero el tribunal hizo lugar a una presentación del abogado Broitman, que defiende a su esposa, Busse, y cambió la fecha de audiencia y la fijó para el martes que viene a las 15, donde se continuará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de las partes.
Broitman había explicado que la audiencia del próximo jueves coincidía con el comienzo del Año Nuevo judío y qué tanto él como su esposa no iban a concurrir al juicio. Entonces, los magistrados hicieron lugar a la solicitud y dejaron sin efecto la fecha prevista.