La confrontación del ministro de Economía, Luis Caputo, con los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires por la resolución ministerial que les prohíbe a todos los jefes comunales incluir el pago de tasas municipales dentro de las boletas de servicios públicos genera una inquietud creciente en los gobiernos municipales del conurbano bonaerense, bastión principal de los intendentes del PJ. Entre ellos prima la preocupación por la medida, que se conjuga con la caída en la recaudación de las arcas municipales por efecto de la situación económica. Las reuniones están a la orden del día y la judicialización del tema no se descarta.
El jueves, en Merlo, se reunió un grupo de intendentes de la primera sección electoral bonaerense (zonas norte y noroeste del Gran Buenos Aires) en un encuentro motivado por la inquietud ante la medida de Caputo. Entre otros, participaron Gustavo Menéndez (Merlo), Javier Osuna (Las Heras), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Mariel Fernández (Moreno), Leonardo Boto (Luján), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Federico de Achával (Pilar), Juan Andreotti (San Fernando) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes).
Si bien al cierre de esa reunión se difundió un mensaje de los jefes comunales contra el veto presidencial al aumento jubilatorio, se debatió una estrategia para enfrentar la prohibición que recayó sobre el cobro de tasas municipales. “En principio, [se definió] hablar con Edenor para ver qué interpretación hacen ellos de la resolución”, afirmó un intendente sobre el encuentro de Merlo.
El cobro de la tasa de alumbrado público dentro de la boleta del servicio eléctrico es una constante en casi todos los municipios del conurbano, que también incluyen otras tasas, por ejemplo, en boletas de gas (como la de Derecho por Ocupación de Espacios Públicos, o la de seguridad e higiene). “No se descarta”, contestó la fuente consultada ante la pregunta por una posible judicialización del tema.
“No tiene validez y se cae por inconstitucional, va contra la autonomía de los municipios”, fue la mirada de una autoridad bonaerense que le llegó a un intendente. “Todos los municipios se verán afectados. Más los del conurbano que los del interior [de la provincia de Buenos Aires], que se manejan más con lo que reciben de coparticipación”, describió un dirigente del peronismo provincial, que interpretó que la medida de Caputo tiene un fin específico: “Si las sacás [las tasas de la factura del servicio público], pagás menos por la boleta del servicio y parece que baja la tarifa”.
Según informaron fuentes municipales a LA NACION, en distritos como Tigre o Quilmes la caída en la recaudación municipal ronda el 10%; en casos como el de Esteban Echeverría, los ingresos por tasas a las arcas de la comuna se amesetaron y una reciente moratoria logra muy poca adhesión.
Lanús fue señalado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) por haber aumentado la tasa de seguridad e higiene del 2,36% al 6%, con una ordenanza del 30 de abril. Su texto, al que accedió este diario, establece “dejar sin efecto la totalidad de las disposiciones de la Ordenanza Impositiva vigente y Disposiciones Transitorias, para el período 2024, referidas al cálculo de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y sus liquidaciones asociadas, con excepción a la referida al RUC [por el Régimen Único de Comercio]”.
Desde un municipio del oeste del conurbano añadieron al panorama que el Gobierno “cortó el programa que tiene que ver con la provisión de luminarias públicas”, por lo que “no se tiene posibilidad de recambio de la luminaria porque es carísima”, a lo que se suma “la imposibilidad de contar con el financiamiento para pagar a Edenor [si se retira la tasa de alumbrado público de la boleta]”.
La polémica se expande y llega a la Legislatura bonaerense, donde el diputado por la sexta sección electoral Guillermo Castello (del monobloque Libre) presentó la semana pasada un proyecto para prohibir la inclusión en las boletas de energía eléctrica de ítems municipales ajenos a esa área. En los considerandos de su iniciativa, enumeró que existen distritos que han sumado a esas facturas cargos por conceptos como “Actualización del servicio de Internet”, “Mantenimiento de ambulancia”, o “Tasa de Seguridad”. Señaló que se derivan de autorizaciones que realizó el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) a 27 cooperativas eléctricas bonaerenses.