El objetivo de la administración de Javier Milei por conseguir un triunfo electoral el próximo año está cimentada en dos grandes pilares económicos: una inflación cercana a cero y una reforma laboral, que genere trabajo genuino en la sociedad.
El Presupuesto del déficit cero que el Presidente explicará en el Congreso cuando presente el proyecto elaborado por su gestión es una herramienta principal del primer objetivo, bajar la inflación a niveles de un país normal y ordenado.
La segunda meta solo puede ser conseguida con una reforma laboral que tendrá un impacto decisivo en la calle, entre la gente y en la vida diaria de los argentinos.
Su reglamentación es fundamental para mejorar la actividad económica, que atraviesa una etapa recesiva, recomponer ingresos y generar empleo privado y genuino.
En ese sentido, el Gobierno continúa realizando concesiones, negociando con sindicatos y cámaras empresariales para tener una reforma que, al menos, ponga un límite a la denominada «industria del juicio».
Mientras las carpetas con detalles de la reglamentación circulan entre las oficinas del secretario de trabajo, Julio Cordero, de la secretaría legal y técnica de Javier Herrera Bravo y del ministro de desregulación y transformación del estado, Federico Sturzenegger, el mandatario quiere que la norma esté vigente antes de su presentación en el Congreso del próximo domingo.
Reforma laboral: el fondo de cese laboral preocupa a los gremios
Además del problema de la responsabilidad por bloqueos sindicales a empresas, durante una protesta gremial que la ley considera «grave injuria laboral», se analiza con mayor detenimiento la figura del trabajador independiente, que puede tener a su cargo hasta a 3 autónomos, para llevar adelante un emprendimiento productivo.
El otro punto en conflicto —adelantado por iProfesional— es la implementación del fondo de despido. Un cese laboral que el Gobierno y los empresarios pymes buscan que rija por cada empresa que quiera adherirse y no por rama de actividad.
Acerca del primer punto por los bloqueos, Cordero está buscando la sintaxis legal para que los sindicalistas que integran una comisión directiva no sean despedidos con justa causa o terminen imputados en la justicia por protestar en los lugares de trabajo.
La propuesta del llamado sector dialoguista de la CGT, un mote que se autoendilgan los propios gremialistas a pesar de que todos hablan con todos, es la de incluir en el artículo «antibloqueos» de la reforma laboral un procedimiento previo ante la Justicia para que los magistrados determinen si hay una injuria grave y que la decisión de despedir con causa a los responsables de los bloqueos no recaiga en los empleadores. Cordero estaba dispuesto a aceptar ese pedido, pero solo para que ese procedimiento previo en caso de bloqueos solo rija para los delegados y dirigentes con fuero sindical.
Estrictamente, la ley sancionada y que debe ser reglamentada, afirma en su punto 2.10. Justa causa de despido, se incluye expresamente, como causas de despido o injuria laboral, las siguientes:
- (i) participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento;
- (ii) cuando, a tenor de la participación en huelgas, (a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no participan de las medidas de fuerza; (b) se impida u obstruya el ingreso de personas o cosas al establecimiento; (c) se ocasionen daños en personas o cosas de la empresa o de terceros. Antes de producir el despido como derivación de estos incumplimientos, el empleador debe intimar al trabajador a deponer su actitud (excepto el escenario de daños a las personas o cosas).
Javier Milei quiere crear la figura del «trabajador autónomo»
Pero el punto que más discusiones está generando es aquel relacionado con el estatus del trabajador autónomo, que sería contratado por fuera de la supervisión gremial.
Se trata del ítem donde hay mayores resistencias, porque las empresas medianas podrían armar escuadrillas de trabajadores que serían anotados como autónomos.
En ese sentido, la ley a reglamentar afirma en su punto 2.13. Trabajador independiente con colaboradores que un trabajador autónomo podrá valerse de hasta tres (3) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo, acogiéndose a un régimen especial que reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. No existirá relación de dependencia entre la persona contratante y tales colaboradores, salvo que en la realidad del vínculo se visualicen las notas de subordinación que caracterizan a toda relación de dependencia. No obstante, su exclusión del régimen de empleo privado, los trabajadores independientes ingresarán, en las condiciones que defina la reglamentación, al régimen de Seguridad Social, de Obras Sociales y de Riesgos del Trabajo.
Llegados a este punto, uno de los principales de la reforma laboral de Milei, con la que intentará convencer electoralmente a la ciudadanía, la presión sindical está más relacionada con cuestiones políticas que con temas de corte gremial.
Porque, más allá de los temores por posibles subcontrataciones en el área de recursos humanos de pymes, pero, también, de grandes empresas, existe el temor de que el Gobierno de Milei consolide la mayoría electoral alcanzada en la última elección presidencial.
Esto se debe a esta nueva figura que crea la Ley Bases será «muy útil y muy sana para generar trabajo», según expresó Julio Cordero y asesores del Presidente consideraron que su puesta en práctica está blindada de reclamos judiciales, porque «la propia Corte expresó que el trabajador autónomo existe y se deja perfectamente claro que se trata de trabajadores independientes».
Para los funcionarios de Casa Rosada, la implementación de este punto de la reforma generará una «explosión de empleo en todos los rubros y una actividad económica que descongele la actividad en la que se encuentra por la doctrina del déficit cero y del NO hay plata».
Finalmente, y no menos importante, se encuentra el debate por el fondo de cese laboral. Una de las propuestas más novedosas de esta reforma que en la ley sancionada expresa:
12. Fondo de cese. En el marco de la negociación colectiva, las partes podrán reemplazar el esquema indemnizatorio actual por un «fondo o sistema de cese laboral», cuyas características deberá definir la reglamentación. Por otra parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización (o bien autoasegurarse) para solventar el costo de la indemnización por antigüedad prevista en la ley o para el pago de una eventual gratificación convenida en el marco de un acuerdo de rescisión (artículo 241 de la LCT).
El tema que traba la publicación de la reglamentación en el Boletín Oficial, por estas horas, está relacionado con el fondo de cese laboral y el requerimiento de empresarios para que «el fondo de despido sea opcional a elección de la empresa y no por paritaria«. En concreto, quieren que las empresas unilateralmente decidan si lo crean y que ese punto quede «debidamente enunciado» en la reglamentación de la ley.
Curiosamente, este reclamo provino de los representantes de las Pymes, y no de los asesores de las grandes cámaras empresariales. Los funcionarios de Milei eran reacios a recibir a los dirigentes de las pymes. Sin embargo, en la reunión que Julio Cordero sostuvo con emprendedores y representantes del sector industrial y comercial se llevó una sorpresa con el apoyo al fondo de cese laboral pensado por los dirigentes del Gobierno y con un pedido concreto para poder ser utilizado en cada una de las empresas que pueda ser implementado.
El ministro Sturzenegger es el principal «cruzado» por una reforma laboral amplia y ambiciosa que recorte el texto aprobado en el Congreso, lo menos posible en la reglamentación.
Acerca del último punto en cuestión, Federico Sturzenegger sostuvo en el congreso del IAEF que «el artículo que crea el nuevo sistema indemnizatorio dentro de la Ley Bases les va a permitir a los empresarios diseñar su propia reforma laboral».
La desregulación soñada por uno de los principales ministros de Javier Milei.