CÓRDOBA.- Diego Concha, quien como director de Defensa Civil de la provincia había cosechado reconocimiento público por comandar la lucha contra los incendios durante varios años, está desde este lunes en el banquillo de los acusados, imputado de homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones, desarrollado en un contexto de violencia de género, y coacción. Enfrenta un jurado popular y llega al debate en calidad de detenido. Está preso desde diciembre del 2021. La condena prevista, en caso de ser hallado culpable, es solo una: prisión perpetua.
En el primer día del juicio, Concha negó todo. Solo admitió que le envió un mensaje “amenazante” a una expareja. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación de Córdoba, que dirige las audiencias, está integrada por los jueces técnicos Ángeles Palacio, Gustavo Ispani y Leandro Quijada.
A fines del 2021 Concha fue detenido acusado de lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y coacción, en un contexto de violencia de género, y poco después recibió otra denuncia en su contra por abuso sexual contra Luana Priscila Ludueña Caminos. El juicio es por esa segunda causa, aunque también abarcará las primeras denuncias.
Fue la madre de Ludueña Caminos, quien en el 2021 tenía 26 años, quien hizo la presentación judicial porque dijo que ella no estaba en condiciones de hablar. La joven tuvo tres intentos de suicidio y murió después del último, en enero de 2022.
Según la requisitoria fiscal de elevación a juicio, Concha tomó contacto con la joven por su cargo en la Dirección General de Protección Civil. La víctima accedió a reunirse con él porque quería ingresar al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), que estaba bajo su órbita.
Mediante engaños, según consta en el escrito de elevación a juicio, la llevó en su auto a un hotel ubicado camino a Villa Carlos Paz. Allí, la habría atacado sexualmente, introduciendo su mano por debajo de la ropa para accederla carnalmente con los dedos.
La agresión generó en la víctima un sufrimiento psíquico permanente, que derivó en los dos intentos de suicidio ocurridos pocos días después de la agresión sexual. El “grave daño psíquico” motivó su inmediata internación en una clínica de salud mental.
La joven se ahorcó, después, en un predio ubicado en la ciudad de Río Segundo. No murió inmediatamente, sino que lo hizo al día siguiente, el 21 de enero de 2022, en el hospital San Vicente de Paul, de Villa del Rosario, donde había sido derivada para su atención.
La versión del acusado
Concha dijo que con la joven fueron a un hotel alojamiento “de manera consensuada a tener un encuentro entre dos personas adultas”, pero que finalmente se sentaron a una mesa y conversaron 35 minutos; afirmó que no hubo sexo. Aseguró que cuando terminó la conversación, ya ambos parados, él la tomó de la mano, pero sintió que ella estaba “incómoda”. Agregó que le preguntó si quería irse y que, “como un caballero”, le dijo que en lugar de llevarla a la Terminal de Ómnibus de Córdoba (donde la había buscado) podía llevarla a su casa, en Pilar.
El fiscal de Cámara en el proceso es Fernando López Villagra. Los defensores de Concha son Carlos Hairabedian y Sebastián Becerra. Son querellantes particulares los padres de la víctima, Cristina Caminos Varela y Sergio Iván Ludueña –también iniciaron una acción civil–, patrocinados por el abogado Carlos Nayi; y su pareja, Ana Carolina Moyano, representada por Laura Pedernera. El gobierno de Córdoba es el tercero civilmente demandado en este proceso.
Nayi, abogado de la familia de la joven, pidió que en la causa se tomara como jurisprudencia el fallo de junio del 2021 en el que la Cámara Tercera del Crimen y un jurado popular de Córdoba que condenaron a perpetua a Walter Insaurralde, quien había abusado sexualmente de su hija, Sathya Aldana Insaurralde, durante seis años. La chica se suicidó en enero de 2020. A su padre, que era pastor evangélico, lo había denunciado en 2017. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía ocho años. El fallo fue histórico por haber sido la primera vez que se responsabilizó a un violador por el suicidio de su víctima.