La planificación de la organización criminal era tal que incluso llegaron a instalar un dispositivo de geolocalización en el vehículo de una víctima que por su trabajo transportaba importantes sumas de dinero, para conocer sus movimientos. Generalmente, la banda operaba en zona del Barrio Chino, en Belgrano; allí elegían a sus “objetivos”. Primero aparecían en escena los “marcadores”, los encargados de señalar a los “blancos” que después iban a ser atacados por, generalmente, dos “binomios” de motochorros que, después de obtener el botín, escapaban a toda velocidad.
Así se desprende de la resolución del juez en lo criminal y correccional Martín Yadarola que procesó con prisión preventiva a siete integrantes de la organización criminal. De la investigación participaron detectives del Departamento Antisecuestro Sur de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
“A través de la investigación desarrollada hasta el momento se puso en evidencia que la referida agrupación, y las consecuentes maniobras ilícitas desplegadas en tal contexto, habrían tenido ocurrencia en la ciudad de Buenos Aires, con asiduidad en el Barrio Chino, y también se habrían extendido al partido de Merlo, sin descartarse otros ámbitos, pudiéndose circunscribir su efectiva operatividad al menos desde el 3 de marzo pasado, fecha en que se documentara el primer episodio delictivo vinculado a la banda, y hasta el 3 de este mes, cuando se realizaron los allanamientos y detenciones de la mayoría de los integrantes de la organización, más allá que aún se encuentren en proceso de análisis otras probanzas que podrían dar cuenta de hechos perpetrados con anterioridad a la época señalada”, sostuvo el magistrado en la citada resolución.
Según explicó el juez Yadarola, “se verificó la utilización, principalmente, de motos para llegar a las zonas donde daban inicio a los atracos, concretar el seguimiento de potenciales víctimas y huir de los lugares sin ser alcanzados por la policía”. Los delincuentes “contaban con equipos electrónicos de comunicación, en especial, teléfonos celulares, utilizados de manera común a fines de lograr la concreción cotidiana de la actividad criminal en cuestión”.
A lo largo de la investigación, de la que también participó el equipo de trabajo del fiscal José María Campagnoli, les adjudicaron seis robos, la mayoría, en el Barrio Chino.
“La agrupación presentaría un alto grado de organización y coordinación para concretar las acciones delictivas en cuestión, verificándose en la mayoría de los casos un actuar conjunto y con distribución de roles en los desapoderamientos, con un mínimo de dos integrantes, y también el aporte de otras funciones indispensables para el despliegue habitual de los delitos producidos, entre las que se destacan: frecuentes tareas de selección y marcación de posibles víctimas, modalidad de escapatoria ante la comisión de un hecho, obtención rápida del provecho de lo obtenido ilícitamente, presentación de información falsa ante personal policial para enmascarar la actividad llevada adelante”, sostuvo el juez Yadarola en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.
Según se desprende del expediente judicial, “la banda se dividía entre quienes tripulaban dos o tres motos, por lo general, cada una en modalidad binomio, mientras que otros integrantes de la organización se movilizaban a pie y realizaban la tarea de seguimiento y marcación de aquellas potenciales víctimas, a quienes preseleccionaban por llevar consigo bolsos, carteras u otro elementos que permitieran inferir la tenencia de dinero u objetos de valor, como cadenas y pulseras de oro. Una vez marcada la potencial víctima, se contactaban telefónicamente entre sí, básicamente con quienes oficiaban de ejecutores de los desapoderamientos (que, en general, se trasladaban en motocicletas para facilitarse el movimiento por las calles frente al tránsito y la eventual persecución de damnificados y autoridad policial), a quienes brindaban detalles sobre el trayecto desandado, características fisionómicas, de vestimenta y posición por donde se trasladaban los futuros damnificados”.
Con el avance de la investigación y la identificación de los sospechosos por parte de los detectives de la PFA, el juez Yadarola ordenó una serie de intervenciones telefónicas que permitieron tener por acreditada la división de roles y la metodología de elección de las víctimas por parte de los integrantes de la organización criminal.
En una de las comunicaciones, uno de los sospechosos, identificado como Gordo, le dijo a su interlocutor: “Bueno, ahí te mandé otra ubicación, esa ubicación es donde está el trabajo. Está regalado, amigo, está regalado. No sabemos el monto de plata que lleva. Un viejo… tiene 50 años, imaginate, un regalo”.
El magistrado sostuvo en su resolución que “se verificó la violencia ejercida contra las víctimas, quienes fueron directamente agredidas físicamente y mediante arrebatos, lo que fue aprovechado por los autores para despojarlos de sus bienes”.
Al fundamentar la decisión de procesar a los sospechosos, cinco hombres y dos mujeres de entre 19 y 52 años, el juez Yadarola sostuvo: “En todos los episodios quedó claro que siempre intervinieron motos y vehículos en los que se trasladaban tres o más personas, de acuerdo a la prueba producida; serían entre cuatro y seis los intervinientes que estaban en la misma zona y mantenían estrecho contacto a partir de la división de tareas específicas con claros fines de robo. Esta actuación acreditada demuestra la forma en la que operaba la banda con una clara división de roles donde, tras individualizar a una potencial víctima y realizar su seguimiento y marcación, esperaban el momento oportuno para abordarlo con violencia –física y verbal– y así lograr el desapoderamiento de bienes (particularmente cadenas o pulseras de oro) orquestado previamente”.
