El recorte en gastos del Estado también impactó en la prevención de casos y en la asistencia a las personas víctimas de trata. Organizaciones que trabajan la temática denuncian que, con la nueva gestión, de las más de 500 personas rescatadas de enero a mayo de 2024, ninguna recibió asistencia posterior, y que, a causa del despido de operadores, la línea para hacer denuncias (145) está trabajando al 50% de su capacidad.
“Con los recortes en el Programa Nacional de Rescate, en la cantidad de personas que trabajan en la línea 145, y con la falta de recursos en las provincias, las organizaciones que trabajamos en asistencia a las víctimas y articulamos con el Estado estamos en problemas, porque no encontramos respuestas”, explicó a PERFIL Viviana Caminos, titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).
De acuerdo con el último informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses del año, los programas vinculados a la protección y el rescate de víctimas de violencia y de trata registraron caídas de entre el 72% y el 90% con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Según un informe de la Fundación La Alameda, las políticas destinadas a la prevención, asistencia, persecución y de fortalecimiento institucional contra la trata comenzaron a sufrir “una fuerte degradación”.
En cuanto a la prevención, señalaron que “no hay ninguna campaña de difusión elaborada por la gestión actual” y que el remanente de calcos y folletería que se había producido en la gestión anterior tampoco fue distribuido.
La línea 145 y el Programa Nacional de Rescate sufrieron recortes en sus presupuestos y en su personal.
El programa Acompañar no incorpora beneficiarios desde diciembre
“Con la línea 145 ya había un problema anterior, porque estaba en un 75% de su capacidad operativa. Para poder llegar a todo el país, a tiempo, y que no estuvieran saturadas las líneas, faltaban 45 funcionarios”, explicó a este medio Gustavo Vera, representante de La Alameda.
“Pero esta nueva administración no solamente no sumó a estas 45 personas, sino que despidió a 36 más”, agregó.
En el documento la Fundación señaló que “varias provincias reportaban quedar sin atención cuando había allanamientos o se saturaba la línea 145 por la escasa cantidad de operadores destinados a esa función”. Por eso, afirmaron, tanto la línea 145 como el Programa Rescate se encuentran trabajando muy por debajo de su capacidad.
“En este momento el Programa Rescate está en un 50% de su capacidad operativa. En muchos allanamientos directamente interviene la policía sin testigos civiles. Ellos informan al juzgado que las personas fueron rescatadas, pero que no quisieron recibir asistencia: te lo traduzco, las personas se quedan dentro del círculo de explotación”, agregó Vera.
Es en ese punto en el que resulta importante la asistencia posterior al rescate. Hasta ahora, existían distintas herramientas. El Programa Acompañar es una de ellas: de las 5000 víctimas rescatadas en los últimos cuatro años, señaló, más de 3000 estaban comprendidas dentro de esta ayuda.
Pero, de acuerdo con el último informe de ACIJ, elaborado en base a datos oficiales, el Programa Acompañar ejecutó $17.529 millones entre enero y abril, lo que representa, en términos reales, un ajuste del 79% respecto a la ejecución del mismo periodo del año anterior. El informe de La Alameda afirma además que si bien se retomaron pagos atrasados a quienes ya estaban inscriptos, “no se han dado nuevas altas desde diciembre de 2023”, con lo que ninguna otra persona víctima de trata accedió a esta ayuda económica desde entonces.
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Otro que sufrió fuertes recortes es el Programa Reparar, destinado al acompañamiento económico y a la capacitación en oficios para personas que fueron víctimas de trata. Según el informe de La Alameda, los pagos están atrasados y tampoco se incorporaron beneficiarios, por lo que la iniciativa está paralizada.
“El programa era una ayuda a mediano plazo que promovía la inclusión laboral”, agregó Vera. La reparación judicial puede tardar entre 8 y 9 años, por lo que la presencia del Estado en ese lapso es fundamental. “Ahora, con la paralización de todos los programas, dicen que hay mucha gente que está siendo rescatada, pero en realidad no fue rescatada. La gente se niega a irse de esos lugares (prostíbulos, campos, talleres) porque el Estado no les ofrece absolutamente nada”.
Los delitos de explotación laboral fueron, según el informe del Ministerio Público Fiscal, el segundo motivo de las denuncias a la línea 145, con 729 casos sobre un total de 1804 en 2023.
La reforma laboral planteada primero en el DNU 70 de 2023 y luego en la ley Bases, opinó Vera, podría empeorar la situación “porque plantea la exención de multas por trabajo no registrado, lo que va acompañado también del desmantelamiento de las agencias territoriales del Ministerio de Trabajo”.
Desde 2008, con la ley de Trata, alrededor de 20 mil personas fueron rescatadas. “El 50% de los rescates se producen en AMBA y CABA”, explicó Caminos. “El 9% son menores de 18 años. El resto son mayores y lo que fue aumentando en los últimos años es los rescates por trata laboral”, agregó.
La titular de RATT explicó que los delitos de trata van en aumento en Argentina. “Siempre faltaron campañas de prevención, no veíamos más que las que realizamos las organizaciones sociales. Si bien en el gobierno anterior existían más políticas públicas para la asistencia directa a las víctimas, no era igual en todo el país”. El trabajo debería ser conjunto: “Nación realiza la primera asistencia en el momento del rescate, pero la asistencia posterior al rescate le corresponde a cada una de las provincias a través de lo que se llama el punto focal. Este punto focal puede ser un programa de rescate o una oficina, pero en algunas provincias ni existía”.
Más allá del trabajo de las organizaciones continúa, Caminos insiste en que la respuesta ante estos delitos siempre tiene que ser estatal. “Cuando hablamos de trata hablamos de un delito de crimen organizado que afecta directamente los derechos humanos de las personas. Estamos hablando también de un crimen que tiene vinculaciones con los poderes: el poder político, el poder de la policía, de la fuerza de seguridad y también de la justicia. Sobre todo, en el interior del país”.
Gustavo Vera, que hasta marzo de este año fue director del Comité de Lucha contra la Trata, explicó que es precisamente en Corrientes, provincia en la desapareció Loan Danilo Peña, “donde la asistencia a las víctimas de trata siempre fue baja, porque siempre fue cuesta arriba comprometer a funcionarios que no querían ningún tipo de control federal”. Entonces,“cuando había un allanamiento, el programa Rescate no iba y respondía el punto focal que estaba designado por la provincia, no nos avisaban. Cuando llegábamos nosotros para verificar qué había pasado con las víctimas nos decían que no habían querido recibir asistencia y que se habían ido a sus respectivas viviendas”, concluyó.