María Eugenia Delannoy tiene 54 años y hasta el fin de semana vivió en una mansión del country Santa Bárbara, en Tigre. Ahora está en un calabozo, detenida por pedido de la Justicia de los Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA). La sospechosa trabajaba junto a un socio norteamericano, que sería su pareja, radicado en Miami, que había montado una serie de empresas navieras como pantalla para hacer transferencias de dinero desde la Argentina.
Delannoy, detenida por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la PFA, quedó a disposición del juez federal Sebastián Ramos. Su pedido de captura había sido solicitado por la Oficina Central Nacional (OCN) Washington de los Estados Unidos.
La vecina de Santa Bárbara fue acusada por la Justicia de los Estados Unidos de hacer transferencias por grandes sumas de dinero ilegal desde nuestro país hacia empresas fantasma radicadas en los EE. UU., en complicidad con Paul Oswald Morani, su pareja y socio, que desde hace unos años reside en la ciudad de Miami.
Morani, para realizar las maniobras fraudulentas, tenían varias firmas que se presentaban como compañías navieras dedicadas al transporte internacional de cargas, pero que en realidad enviaban dinero desde Colombia y la Argentina a cuentas bancarias radicadas en bancos estadounidenses.
Como referencia de la magnitud de las actividades ilícitas investigadas, solo en 2018 las cuentas bancarias de Morani y siete de sus entidades corporativas, incluidas empresas en el sur de los estados de Florida y Delaware, recibieron alrededor de 350 millones de dólares en fondos, en gran parte provenientes de nuestro país.
Al Sistema de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos, según reportó el periódico New Times de Miami, le llamó la atención la poca actividad de las empresas de Morani para la magnitud de las operaciones que supuestamente llevaba a cabo. No registraban salarios o ingresos y los registros de migraciones de aquel país mostraban escasa actividad de importación y exportación. Tampoco registraban empleados, por lo que rápidamente dedujeron que eran compañías pantalla.
Morani fue acusado el 19 de marzo pasado por la Justicia de los EE.UU. de realizar transferencias millonarias para extranjeros entre los que habría narcotraficantes. El hombre, con doble ciudadanía argentina y norteamericana, fue aprehendido en los últimos días en Miami, y el suceso derivó en que las autoridades judiciales de los Estados Unidos enviaran la documentación formal por vía diplomática, para proceder con la detención de su socia en la Argentina, cuya extradición las autoridades del país aguardan que sea formalizada.
En consecuencia, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del magistrado Sebastián Roberto Ramos, encomendó a los efectivos de la fuerza policial las tareas de campo que permitieron hallar su paradero en el barrio privado de Santa Bárbara.
Para ello, los investigadores recurrieron a diversas bases de datos tanto de organismos públicos como privados, así como también el monitoreo de redes sociales y de los sistemas informáticos que proporciona la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C.–Interpol).
A partir de la información recolectada, se identificaron varios domicilios y mediante tareas de inteligencia, se obtuvieron datos acerca de distintos vehículos de alta gama que utilizaba la fugitiva para moverse.
La PFA acudió a algunas empresas de rastreo satelital para geolocalizar los vehículos, lográndose dar con el domicilio donde habitaba la mujer, en el barrio cerrado Santa Bárbara, de Tigre.
En un operativo de bajo perfil, los agentes federales capturaron a la prófuga en la vía pública, sobre el Corredor Bancalari frente a la Estación de General Pacheco del Tren Mitre. La acusada, de 54 años de edad, quedó a disposición de la justicia a la espera del correspondiente proceso de extradición.
El magistrado sobre el que recayó la causa, Sebastián Ramos, confirmó a LA NACION que la mujer es una ciudadana argentina y que el pedido de extradición aún no está formalizado por el gobierno norteamericano. “Estará listo probablemente este mes o antes, suelen trabajar rápido”, afirmó. Por el momento, hasta que se formalice ese pedido, el juez mantendrá en reserva detalles de la causa.
Según la FED, Morani había comprado un condominio por US$ 2.3 millones en Miami Beach y junto a su pareja detenida en la Argentina, tenían US$ 18 millones de ganancias en una cuenta de Morgan Stanley.
Una declaración escrita de la Drug Enforcement Agency (DEA) norteamericana dijo que Morani recibió transferencias por US$ 95 millones entre enero de 2018 y marzo de 2019 y entre julio de 2019 y febrero del 2021 por US$ 163 millones a través de cuatro cuentas bancarias de Wells Fargo. También encontraron miles de mensajes de voz para aparentar actividad legítima del comercio marítimo de sus compañías que eran presentados a bancos de Argentina para justificar los movimientos de dinero. “Las cuentas de las compañías tenían actividad financiera groseramente desproporcional a las ganancias declaradas” dijo una fuente de la agencia mencionada.
La FED empezó a investigar a Morani en febrero de 2019, año en que el Bank of America le cerró su cuenta. En 2021, tanto Wells Fargo como Citibank le cerraron sus cuentas. Los investigadores también explicaron en un documento que los registros telefónicos de Morani tenían abundante evidencia de conversaciones donde se hablaba abiertamente de las transferencias de dinero, planificando y ejecutándolas sin utilizar un lenguaje en código. Si bien en 2021 el abogado de Morani fue notificado que su cliente estaba bajo investigación, el acusado utilizó a un representante para abrir otras cuentas y seguir operando.
LA NACION