La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema de Justicia se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario expresó que “al menos tres jueces” tienen una “posición bastante poco amigable” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que avanzó con la desregulación de la economía. La Corte tomó nota de los dichos del jefe de Estado, que por primera vez apuntó públicamente contra la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, pero evitó responder a los cuestionamientos.
En rigor, la mayor parte del DNU al que aludió está en vigor y aunque su constitucionalidad fue cuestionada desde el último día de diciembre pasado por diferentes sectores políticos, la Corte Suprema no resolvió todavía nada al respecto.
El sábado pasado, el presidente Javier Milei expuso públicamente por primera vez su malestar con la Corte Suprema de Justicia. “Al menos tres jueces de la Corte han tomando una posición [pausa prolongada] bastante poco amigable con el DNU”, dijo Milei en la conferencia AynRandCon 2024 en una declaración que pasó inadvertida para casi todos, menos para el mundo tribunalicio, donde cada palabra presidencial fue seguida con celo.
En esa charla, el Presidente había intentado mostrar que no le importaba lo que hiciera la política con la ley ómnibus y su DNU. Sostuvo que la Ley de Bases fue aprobada en general en la Cámara de Diputados pero en el tratamiento en particular “aparecieron los curros” y “dejaron los dedos marcados” los que “no querían ningún cambio”.
Milei sostuvo que con el DNU “pasó lo mismo en el Senado” cuando “la casta de los senadores lo volteó y ahora queda en manos de lo que pase en la Cámara de Diputados”. Fue en ese momento que mencionó que “también al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable” con el decreto.
En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, evitaron pronunciarse sobre la frase de Milei y su referencia a la supuesta “posición bastante poco amigable” de esos tres jueces de la Corte Suprema. “Sin comentarios, el ministro cree en Javier”, dijo una fuente del ministerio a LA NACION.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos 30 causas de 16 provincias que le reclaman al Estado nacional fondos por los recortes sobre educación, transporte, las cajas jubilatorias y el impuesto a las ganancias, entre otros, que ascienden a unos 1000 millones de dólares.
Mientras la Casa Rosada dialoga con los gobernadores en busca de un acuerdo para la votación de la nueva versión de la ley ómnibus con las reformas del Estado que pretende el oficialismo, los mandatarios provinciales presentan en tribunales sus demandas por los recortes de gastos que vienen sufriendo.
La mayoría de las demandas iniciadas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, que determina que son de competencia originaria de la Corte. Y algunos de esos expedientes ya están girando por las distintas vocalías, lo que habla de que las causas se están moviendo. Nada presagia una lluvia de fallos contra las arcas del Estado nacional, pero los casos no están paralizados.
El Gobierno teme una andanada de sentencias adversas con efecto económico y por eso se apura a cambiar la integración del máximo tribunal.
La máxima disconformidad de Milei estalló luego de que el Senado rechazó la validez del DNU 70/23 el 14 de marzo pasado. Ya el día anterior, cuando se anunció su tratamiento en el recinto, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que daba por hecho que la Corte rechazaría el decreto: “El potencial rechazo del DNU que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia conllevaría un grave retroceso en la necesidades del pueblo argentino”, dijo.
Y el 20 de marzo, cuando el Senado rechazó el DNU, el Presidente contestó con la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo –que levantó una oleada de críticas de asociaciones de empresarios, juristas y abogados y de legisladores– y del académico Manuel García-Mansilla. En este caso, para la vacante que se producirá el 29 de diciembre cuando Maqueda cumpla 75 años.
La iniciativa de Milei para ocupar la vacante que dejó Elena Highton en la Corte y el apuro por postular a alguien cuando Maqueda sigue siendo juez hasta fin de año, es una respuesta a la incomodidad que le genera la Corte porque no dicta resoluciones que se acomoden a sus necesidades.
En particular Milei ve con desconfianza al presidente de la Corte Horacio Rosatti y a sus colegas Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que vienen formando una mayoría para atender los asuntos de gestión del máximo tribunal.
El juez Ricardo Lorenzetti, que tiene relación personal con Milei, es uno de los que impulsó el nombre del juez Lijo para la Corte y a quien el Presidente dejó afuera los magistrados que tienen “una posición bastante poco amigable” con el DNU.
El DNU 70/23 está en vigor en su totalidad, excepto por el capítulo IV, el laboral, que fue declarado inconstitucional por la justicia del trabajo, a pedido de la CGT y de la CTA. Esas causas están a ahora en estudio de la Corte. Asimismo, el máximo tribunal tiene un planteo de inconstitucionalidad contra el DNU que realizó el gobierno de La Rioja.
En ese caso, que la Corte recibió el último día hábil de 2023, el tribunal pidió opinión al procurador general para que dictamine si lo considera un asunto de su competencia originaria y pospuso una decisión para después del verano.
Casal dijo que era un asunto de competencia directa de la Corte, pero el máximo tribunal no tomó ninguna decisión sobre el DNU que estaba siendo analizado por el Congreso, ámbito donde todavía está a revisión de la Cámara de Diputados. A Milei le hubiera gustado que la Corte validara el DNU pero el tribunal, que no tiene plazos para fallar, dejó que la política resuelva sus problemas.
La jurisprudencia de la Corte en materia de DNU se hizo con el correr del tiempo más y más restrictiva. Los jueces vienen fallando en diversos precedentes que solo se justifica otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en caso de que el Congreso no funcione o la urgencia del asunto haga imposible esperar a que trate el DNU y que la situación de crisis sea efectivamente gravísima.
En uno de los últimos fallos, conocido como Pino Seberino, de 2021, con la firma de todos los jueces que actualmente integran la Corte (más Elena Highton), el tribunal dijo que las facultades legislativas del Presidente son excepcionales y sólo puede actuar así cuando las cámaras del Congreso no pueden reunirse o cuando la situación que requiere una solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente. Se aplica el criterio de “rigurosa excepcionalidad” establecido por la Corte, que admite el dictado de decretos de necesidad y urgencia “únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones… (y que configuren) un estado de excepción y el impedimento a recurrir al sistema normal de formación y sanción de las leyes”.
Si la Corte se abocara a tratar el DNU 70/23 y se ajusta a estos estándares, las noticias que puede esperar Milei son sólo negativas.